26 de diciembre | Redacción |

Costa Rica, una vez considerada la nación más segura de Centroamérica, enfrenta una creciente crisis de seguridad marcada por una serie de violentos sucesos que han conmocionado al país. El asesinato de un paciente herido en el hospital Tony Facio de Limón, la ejecución de tres colombianos en Puntarenas, y el crimen de un joven nicaragüense con 20 heridas de bala en Limón, son solo algunos ejemplos de la escalada de violencia que ha llevado al país a superar las cifras de homicidios del año anterior.

Las autoridades señalan que estos actos son resultado de un preocupante aumento de la actividad del crimen organizado, especialmente en la disputa territorial por el tráfico de drogas. A pesar de los esfuerzos implementados por el Gobierno de Rodrigo Chaves para abordar el problema, Costa Rica lucha por restablecer la seguridad y enfrenta obstáculos adicionales, como el recorte de más de $3 millones (2,000 millones de colones) para el presupuesto de seguridad en 2024.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presentará un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Hacienda por este recorte presupuestario, argumentando que la falta de recursos dificulta la labor policial en un momento crítico.

Las estadísticas del OIJ proyectan que el año 2023 cerrará con más de 900 asesinatos, un aumento significativo respecto al mismo período del año pasado, donde se registraron 886 víctimas. Más del 67% de estos homicidios se atribuyen a ajustes de cuentas o venganzas, reflejando la brutalidad de la violencia vinculada al crimen organizado.

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CEL

Las provincias de San José, Limón y Puntarenas encabezan la lista de regiones más afectadas por la violencia, siendo testigos de la mayoría de los crímenes reportados en el transcurso de este año. El informe «Estado de la Nación 2023» del Programa Estado de la Nación (PEN) destaca que el crimen organizado, asociado con el narcotráfico y otros delitos violentos, persiste como uno de los principales factores desencadenantes de la violencia homicida. Este fenómeno afecta principalmente a la población joven en áreas de alto rezago social y densamente pobladas.

La percepción ciudadana refleja la gravedad de la situación, según una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. El 41.3% de la población identifica la inseguridad y la delincuencia como el principal problema del país, un aumento significativo desde encuestas anteriores. Además, el 69% de los encuestados expresó «ninguna o poca confianza» en la capacidad del Gobierno para resolver la problemática de seguridad y delincuencia. Otros problemas destacados incluyen el desempleo, el costo de la vida y la corrupción.

En un contexto de alta desigualdad y falta de oportunidades, la combinación de estos desafíos representa una clara amenaza para el bienestar de diversos segmentos de la población, concluye el informe. Costa Rica enfrenta una encrucijada en la que el crimen organizado y la violencia desafían la percepción de seguridad que alguna vez caracterizó al país.