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Centroamérica

Emiten condena en contra de Exdiputada Lorena Peña y su hija por enriquecimiento ilícito

La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador ha emitido una condena contra la exdiputada Lorena Guadalupe Peña Mendoza y su hija Ana Virginia Guardado Peña por enriquecimiento ilícito por un monto total de $150,762.86. Los magistrados concluyeron que ambas no lograron desvirtuar las acusaciones de enriquecimiento indebido presentadas por la Unidad Anticorrupción.

La sentencia establece que Lorena Peña fue condenada por un incremento patrimonial de $133,746.60, mientras que a su hija se le hallaron tres inconsistencias que suman la cantidad de $17,016.26. Estas irregularidades, que abarcan el período comprendido entre 2012 y 2018, fueron demostradas mediante pruebas periciales y documentales presentadas por los fiscales.

Durante la audiencia, se destacó que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia encontró ocho inconsistencias en los movimientos financieros, adquisiciones de inmuebles y pagos realizados mediante depósitos bancarios de tarjetas de crédito. Estas transacciones fueron consideradas desproporcionadas en relación con los ingresos legítimos percibidos por ambas acusadas.

Como consecuencia de la condena, Lorena Peña y su hija están obligadas a devolver al Estado el monto con el cual se enriquecieron indebidamente. Además, quedan inhabilitadas para ejercer un cargo público durante un período de 10 años, según lo establecido en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de 1959.

Esta sentencia marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción en El Salvador, siendo Lorena Peña la sexta exfuncionaria de los gobiernos del FMLN en ser condenada por enriquecimiento ilícito. La decisión judicial refuerza el compromiso de las autoridades en combatir la corrupción y asegurar la rendición de cuentas en el país.

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Centroamérica

Más de 100 solicitantes de asilo retenidos en Panamá sin saber su destino final

Más de 100 solicitantes de asilo provenientes de distintas partes del mundo se encuentran retenidos en un campamento ubicado a cuatro horas de la capital de Panamá, en una zona aislada al borde de la peligrosa selva del Darién. Estos migrantes, que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos con la esperanza de solicitar asilo, fueron rápidamente deportados a Centroamérica, convirtiéndose en parte del esfuerzo del gobierno de Donald Trump por enviar a otros países a algunos de los migrantes más difíciles de deportar.

El campamento, rodeado por vallas y guardias armados, alberga a los solicitantes en condiciones precarias, durmiendo en catres o bancos duros. La entrada a periodistas ha sido prohibida, y los abogados han denunciado que se les ha impedido hablar con sus clientes. A pesar de ser una operación organizada por grupos de ayuda internacional, las autoridades panameñas aseguran que el gobierno está a cargo de la gestión del campamento.

De las aproximadamente 300 personas enviadas a Panamá, más de la mitad han aceptado ser repatriadas, mientras que los demás siguen en la incertidumbre, sin saber cuánto tiempo permanecerán en el campamento ni adónde podrían ser enviados finalmente.

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Centroamérica

Costa Rica postula a Arnoldo André como candidato a la Secretaría General de la OEA solo si no hay ganador

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, anunció este lunes que solo se postulará para el cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) si no se logra un ganador en la elección programada para el próximo 10 de marzo. Según un comunicado emitido por la Cancillería costarricense, la candidatura de André será considerada únicamente en el caso de que ninguno de los cinco candidatos alcance los 18 votos necesarios durante las primeras cinco rondas de votación.

Este anuncio responde a la demanda de varios países que han mostrado interés en apoyar una candidatura de Costa Rica para la Secretaría General. A día de hoy, los candidatos principales para sustituir a Luis Almagro son el canciller de Surinam, Albert Ramdin, y el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.

De acuerdo con las normas de la OEA, nuevos candidatos pueden postularse antes del inicio de la Asamblea General Extraordinaria o después de la finalización de las rondas de votación, si ningún candidato obtiene los votos requeridos.

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Centroamérica

Ortega y Murillo consolidan su control en la Policía Nacional con nuevos nombramientos

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, ascendieron este lunes a tres nuevos comisionados generales en la Policía Nacional. Este hecho marca la primera ocasión en la que Murillo, también primera dama, firma un ascenso dentro del cuerpo de seguridad.

Murillo obtuvo el título de copresidenta mediante una reforma constitucional impulsada por Ortega. El grado de comisionado general es el segundo en importancia dentro de la jerarquía policial, solo por debajo del primer comisionado.

La semana pasada, Murillo encabezó la juramentación de 30.000 «policías voluntarios» durante la toma de posesión de su consuegro, Francisco Díaz, quien asumió un nuevo mandato de seis años como director general de la Policía Nacional.

Según el Acuerdo Presidencial 37-2025, publicado este lunes en el Diario Oficial La Gaceta, Ortega y Murillo aprobaron la propuesta de ascensos presentada por Díaz, con el objetivo de «fortalecer el mando institucional» de la Policía.

Los oficiales ascendidos son Mauricio Lenin Soza Robelo, Álvaro José Pérez Marenco y Oscar José Alemán Márquez. Soza Robelo ha sido designado nuevo inspector general de la Policía Nacional, Pérez Marenco ocupará el cargo de jefe de Asesoría Legal y Alemán Márquez será co-jefe de la delegación policial del departamento de León.

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Estos cambios se producen luego del retiro del anterior inspector general de la Policía Nacional, comisionado general Jaime Antonio Vanegas Vega, y del anterior co-jefe de la delegación policial de León, comisionado general Fidell de Jesús Domínguez Álvarez.

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