Centroamérica
Daniel Ortega anula condecoración de su hermano tras críticas sobre sucesión en Nicaragua
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha anulado una orden otorgada por su hermano menor, Humberto Ortega, en su calidad de jefe del Ejército Popular Sandinista, al entonces agregado militar de EE.UU. en Managua, el 14 de enero de 1992. Ortega acusó a su hermano de haber “entregado su alma al diablo” hace 32 años.
Ortega revocó esta condecoración después de que el general retirado afirmara al medio argentino Infobae que el poder “dictatorial” del mandatario, de 78 años, no tiene sucesores dentro de su familia y el sandinismo, y que tras su muerte deben celebrarse elecciones.
En un acto público en presencia del alto mando del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional, Ortega calificó la entrega de la medalla al valor en oro ‘Camilo Ortega’ al agregado militar estadounidense en 1992 como un “sacrilegio”. “¡Qué vergüenza! ¡Qué traición al pueblo! ¡Qué traición a la patria!”, exclamó el gobernante, quien está en el poder desde 2007, tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidido el país de 1985 a 1990.
El presidente aseguró que la orden entregada al “yanqui invasor” causó en su momento molestia y rechazo entre los sandinistas, incluyendo a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. “Ya desde entonces el (entonces) jefe del Ejército tenía entregada su alma al diablo”, declaró Ortega, quien emitió un decreto presidencial para “anular, invalidar y retirar esa infamia, esa condecoración a un militar yanqui”.
Ortega no explicó por qué anulaba la orden después de tantos años, pero afirmó que la entrega de la medalla a un militar estadounidense es un “acto de deshonra nacional”, una “acción vendepatria” y un “acto de entreguismo y de traición a la patria”. Con este decreto, dijo, “hoy se limpia esa mancha humillante” y se borra esa “afrenta” de su hermano, a quien le mantienen retenidos los teléfonos celulares y computadores tras cuestionar la sucesión “dictatorial” del mandatario.
Las autoridades nicaragüenses informaron que han evaluado el estado de salud de Humberto Ortega luego de que este declarara a Infobae que el poder “dictatorial” de su hermano no tiene sucesores dentro de su familia ni en el sandinismo, y que tras su muerte deben celebrarse elecciones. En la entrevista publicada el 19 de mayo, el general en retiro consideró que Daniel Ortega, en el poder desde 2007, no tiene sucesores adecuados, incluyendo a su esposa y sus hijos, y que ante una eventual ausencia o muerte quedará un gran vacío de poder.
Estas afirmaciones fueron vistas como una ofensa y un desafío personal para Murillo, quien ha sido la otra gobernante de Nicaragua y considerada sucesora de Daniel Ortega en el poder, según la guerrillera sandinista disidente Dora María Téllez. Decir que el poder “dictatorial” de Ortega “no tiene sucesores” y que tras su muerte debe haber elecciones es un planteamiento “mortífero” para Murillo, opinó la también guerrillera sandinista disidente Mónica Baltodano.
Centroamérica
Fiscalía acusa a mujer de asfixiar y mutilar a su hijo recién nacido: juicio será en Santa Tecla
Ada Steffany Mata Velis enfrentará juicio por el homicidio agravado de su hijo recién nacido, según resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad, durante una audiencia preliminar. La Fiscalía General de la República pretende lograr una condena en su contra.
El crimen tuvo lugar en marzo de 2024, en Santa Tecla. De acuerdo con la acusación final presentada por la Fiscalía, Mata Velis asfixió al bebé al momento de dar a luz y luego procedió a mutilarlo. La fiscal del caso explicó que las pruebas periciales confirmaron que el recién nacido era hijo de la acusada, y que las evidencias recopiladas durante la investigación son suficientes para llevar el caso a la fase final del proceso penal.
La Fiscalía ha presentado testimonios y pruebas periciales que vinculan a Mata Velis con el homicidio del bebé, lo que motivó a la jueza a enviar el expediente a juicio.
Centroamérica
Condenan a ‘Mr. Miyagi’ a seis años de cárcel por estafa agravada y le ordenan pagar más de $900,000
Gerardo Quijada Orellana, conocido como «Mr. Miyagi», ha sido condenado a seis años de cárcel por el delito de estafa agravada, según confirmó la Fiscalía General de la República. Además de la condena, el fallo emitido en su contra le obliga a pagar $929,673.10 en concepto de responsabilidad civil a la sociedad afectada.
El caso se remonta a 2008, cuando Quijada Orellana arrendó un inmueble a una sociedad en el bulevar Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, donde estableció el taller de reparación de autos y venta de llantas «GQ». Sin embargo, desde 2009 dejó de pagar el canon de arrendamiento, alegando que tenía una promesa de compraventa con los antiguos dueños del terreno.
El proceso judicial ha estado en curso desde 2009, durante el cual Quijada Orellana manipuló y prolongó los litigios mediante argucias legales para evitar pagar el alquiler. Según la Fiscalía, esta estrategia le permitió lucrarse del terreno por más de 15 años sin cumplir con sus obligaciones.
A pesar de transmitir partes del proceso en TikTok, Quijada Orellana no se presentó a la lectura del fallo, lo que llevó al tribunal a emitir una orden de captura. La Fiscalía confirmó que la Policía lo arrestó esta tarde.
Centroamérica
Peritos exponen irregularidades en manejo de fondos de tiendas penitenciarias durante gobierno del FMLN
Con testimonios de peritos, la Fiscalía General de la República está presentando pruebas que apuntan al mal manejo de los fondos de las tiendas penitenciarias durante el gobierno del FMLN. En el marco del caso conocido como Asocambio, varios expertos han comenzado a declarar ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, exponiendo irregularidades en la gestión de los fondos.
Entre los testigos, se encuentran responsables del sistema informático que manejaba los ingresos de las tiendas penitenciarias, así como contadores que llevaban los registros financieros. También ha testificado personal vinculado a la sociedad Yo Cambio, una entidad privada que asumió el control del dinero de las tiendas penitenciarias.
La Fiscalía sostiene que los peritajes han evidenciado movimientos financieros irregulares realizados por los dirigentes de Asocambio, incluidos 11 exfuncionarios del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, el segundo mandato del FMLN, el cual estuvo marcado por diversos casos de corrupción. Este patrón de corrupción también estuvo presente durante el gobierno de Mauricio Funes.
Durante la sesión del jueves, la Fiscalía continuó presentando expertos con el objetivo de fortalecer las acusaciones contra los 19 acusados, 14 de los cuales están presentes y 5 ausentes, gracias a reformas del Código Procesal Penal de 2023. Los cargos que enfrentan incluyen cohecho impropio, falsedad documental agravada, peculado y actos arbitrarios.
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