El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en coordinación con el Ministerio de Educación, lanzó la campaña «Escuelas Plantando Vida», que forma parte del proyecto Árboles para El Salvador. Esta iniciativa tiene como objetivo reforestar el oriente del país y concientizar a las futuras generaciones sobre la importancia del cuidado del medioambiente.

El ministro Fernando López anunció que estudiantes de los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión recibieron un árbol, el cual deberán cuidar durante un año. «No solo se trata de plantar árboles, sino de enseñar a las futuras generaciones la importancia de cuidarlos y protegerlos», expresó López a través de su cuenta oficial de X.

Todas las especies seleccionadas para esta campaña son nativas y adaptadas a las condiciones del corredor seco, con lo que se busca asegurar el éxito de la reforestación y contribuir a la restauración del paisaje y la preservación de la biodiversidad.

Entre el 1 y el 17 de septiembre de 2024, las autoridades salvadoreñas detuvieron a nueve personas acusadas de agresiones callejeras, tras la viralización de videos en redes sociales que mostraban los ataques. Los incidentes incluyeron desde puñetazos hasta ataques con armas blancas.

Uno de los detenidos, Ernesto Alexander Crespín Mendoza, de 41 años, fue capturado el 17 de septiembre en Santa Ana. En un video viral, se le observa golpeando en el rostro a su pareja. La víctima denunció el hecho, lo que llevó a la Policía Nacional Civil (PNC) a arrestarlo por el delito de lesiones.

Otro incidente ocurrió cerca del Pupusódromo de Olocuilta, donde Carlos Daniel Ángel Argueta, bajo los efectos del alcohol, intentó agredir a conductores. Fue arrestado y enfrentará cargos por desórdenes públicos.

El 16 de septiembre, Billy Oswal Sosa Zelaya fue detenido tras agredir a un motociclista en el estacionamiento de un supermercado en San Salvador. El ataque quedó grabado y publicado en redes sociales, donde se ve cómo derriba al motociclista con un puñetazo.

Ese mismo día, José Germán Portillo Martínez, de 53 años, fue arrestado por atacar con un corvo a una mujer en Aguilares, San Salvador, quien tenía una orden de restricción contra él. La Fiscalía logró que se mantenga en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial en su contra por intento de feminicidio agravado y desobediencia a medidas cautelares.

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CEL

El 6 de septiembre, Santos Saturnino Alfaro Rivas y Maritza Noemy Fuentes Parada fueron arrestados en Anamorós, La Unión, acusados de homicidio agravado. Ambos apuñalaron a una víctima hasta causarle la muerte durante una reunión social.

Las autoridades han reafirmado su compromiso de continuar trabajando para mantener las calles seguras y llevar ante la justicia a quienes amenazan la tranquilidad de la población.

Durante el periodo del 3 de mayo al 9 de agosto de 2024, los tribunales del país emitieron condenas contra 179 pandilleros involucrados en extorsiones y homicidios. Entre ellos, Ángel Geovany Guzmán González, un pandillero de alto perfil, fue condenado a 1,420 años de prisión por su participación en 32 asesinatos, 37 extorsiones y 25 conspiraciones para cometer homicidios. Sus víctimas incluyen nueve soldados. Guzmán González formaba parte de una estructura criminal que exigió hasta $10,000 a una de sus víctimas en una sola entrega.

Además de Guzmán González, otros casos destacados incluyen a Víctor Manuel Domínguez Portillo, sentenciado a 159 años de prisión por extorsionar entre $30 y $800 semanales a comerciantes en San Miguel. También se dictó sentencia contra 12 extranjeros —seis hondureños, tres guatemaltecos y tres nicaragüenses— con penas de 20 a 180 años de cárcel por extorsionar a víctimas desde Honduras.

Otro pandillero, Óscar Francisco Ortiz López, fue sentenciado a 243 años de prisión por múltiples delitos, entre ellos 12 casos de extorsión agravada en San Miguel. Mientras tanto, Wendy Liseth Ascencio fue condenada a 10 años de prisión por exigir $25 mensuales a comerciantes de Morazán, tras ser denunciada por una víctima cansada de los pagos forzados.

Estas condenas forman parte del esfuerzo conjunto entre la Policía y la Fiscalía para combatir el crimen organizado y las extorsiones que, por años, afectaron a comerciantes, transportistas y ciudadanos comunes en El Salvador.