El Gobierno envió este lunes a la Asamblea Legislativa una propuesta para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), con el objetivo de aumentar el umbral de exoneración hasta los $550 mensuales. Esta medida busca aliviar la carga tributaria de miles de familias salvadoreñas como parte de la estrategia económica impulsada por la administración del presidente Nayib Bukele.

El anuncio fue realizado a través de la red social X, donde el mandatario detalló: «Este día he enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta para ampliar la exoneración del impuesto sobre la renta a todos los salarios de hasta $550. Esta medida beneficiará directamente a más de 100,000 familias salvadoreñas».

Asimismo, señaló que esta modificación incentivará los incrementos salariales en los niveles más bajos, incluso aquellos que ya superan el salario mínimo. Esta declaración hace referencia a una propuesta enviada la semana pasada al Consejo Nacional del Salario Mínimo para aumentar en un 12 % los sueldos de los sectores de maquila, industria, agro, comercio y servicios, a partir de junio de este año.

Actualmente, la Ley del ISR exime del impuesto a quienes devengan hasta $472 mensuales (tramo I). Con la reforma, este límite se ampliaría en $78, permitiendo que más personas queden exentas del pago. Los ingresos superiores a $472.01 (tramo II) ya están obligados a presentar declaración de renta, umbral que pasaría a ser $550 una vez aprobada la propuesta.

El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, recordó ayer que este martes vence el plazo legal para presentar la declaración de renta correspondiente, obligación que aplica a quienes perciben ingresos mensuales iguales o superiores a $472.01.

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Esta iniciativa se suma a otras medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo con el objetivo de proteger la economía de las familias salvadoreñas.

El martes 29 de abril finalizó sin registrar homicidios en todo el territorio salvadoreño, según los datos oficiales divulgados esta madrugada por la Policía Nacional Civil (PNC).

Con este nuevo registro, abril acumula 24 días sin muertes violentas, mientras que en lo que va de 2025 ya se contabilizan 98 jornadas sin homicidios. Estos resultados se atribuyen a la implementación de estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

Desde el inicio de la actual administración en 2019, El Salvador ha alcanzado un total de 895 días sin homicidios, de los cuales 791 han ocurrido bajo el régimen de excepción. En ese período, más de 85,500 pandilleros y colaboradores han sido capturados por delitos relacionados con agrupaciones ilícitas, los cuales se sancionan con penas de entre 20 y 30 años de prisión. Además, algunos han sido acusados de otros delitos como extorsión agravada, homicidio, lavado de dinero, tráfico de armas, restricciones a la libre circulación y tráfico de drogas.

Representantes de los 22 pueblos indígenas de Guatemala, junto con líderes garífunas y xincas, presentaron este martes un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra la fiscal general, Consuelo Porras, por supuestos delitos de discriminación y racismo en la persecución judicial contra dirigentes indígenas.

La acción legal fue anunciada durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente Bernardo Arévalo, en la que participaron también su gabinete y representantes de las comunidades originarias. Los líderes denunciaron que el Ministerio Público ha iniciado una serie de procesos judiciales selectivos en represalia por las protestas realizadas en 2023, cuando exigieron la renuncia de Porras.

El amparo surge tras la reciente detención de Luis Pacheco, actual viceministro de Desarrollo y Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Minas, y de Héctor Batz, ambos exintegrantes de la Junta Directiva de los 48 Cantones, organización indígena clave en las protestas contra el Ministerio Público.

Durante el acto, Arévalo, rodeado de líderes de las cuatro principales identidades originarias del país, expresó su respaldo: “La criminalización de cualquier persona que defiende la democracia y los derechos humanos y que combate a la corrupción es un ataque a todos los pueblos del país”.

El mandatario también criticó que, mientras se persigue a líderes comunitarios, los casos de corrupción continúan impunes. “Hay millones de quetzales desfalcados del Estado por actores corruptos, pero no hay investigaciones de la fiscalía”, subrayó.

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En respuesta, el Ministerio Público rechazó los señalamientos y afirmó que “es totalmente falso que exista criminalización hacia líderes indígenas”. Aseguró que todos los casos han sido llevados ante jueces y que sus actuaciones buscan garantizar el debido proceso.