El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres en San Salvador ha ordenado que Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez sea procesado en vista pública por el asesinato de su compañera de vida, Blanca R. El juicio se llevará a cabo en ausencia del acusado, quien permanece prófugo desde que cometió el crimen el 16 de julio de 2018, en el municipio de Agua Caliente, Chalatenango.

Durante la audiencia preliminar, la jueza aceptó las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, las cuales serán valoradas en el juicio por el delito de feminicidio agravado.

El día del asesinato, Rodríguez llegó en motocicleta al mercado municipal, donde la víctima trabajaba como administradora, y le disparó con un arma de fuego. Testigos del crimen relataron a las autoridades los hechos, mientras que familiares de la mujer declararon que ella sufría violencia física y psicológica por parte del acusado.

Rodríguez, exmiembro de la Artillería de la Fuerza Armada y originario de Nejapa, trabajaba como guardia de seguridad para ganaderos en la zona de Agua Caliente. Antes de ser asesinada, Blanca había presentado cuatro denuncias por violencia intrafamiliar, la última apenas nueve días antes del fatal incidente.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable al anteproyecto de la Ley de Energía Nuclear, que busca regular las actividades relacionadas con el ciclo de vida del combustible nuclear, destinado exclusivamente a usos pacíficos.

La legislación prohíbe cualquier acción vinculada a la fabricación, adquisición o desarrollo de armas nucleares y otros dispositivos explosivos, así como el uso de tecnología y materiales nucleares con fines militares, tanto dentro como fuera del país.

Durante la discusión, la comisión recibió el asesoramiento técnico de Daniel Álvarez, titular de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), quien detalló que esta entidad será la máxima autoridad reguladora en la generación de energía nuclear. Además, el Ministerio de Salud continuará supervisando la protección radiológica, y el Ministerio de Medio Ambiente mantendrá su competencia en la gestión de residuos.

El dictamen favorable pasará a votación en la próxima sesión plenaria, prevista para mañana.

El Juzgado Segundo de Paz de San Marcos, en el departamento de San Salvador Sur, ordenó prisión preventiva para dos mujeres acusadas de hacerse pasar por fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR) para amenazar a tres personas y forzarlas a abandonar un inmueble que alquilaban.

Las acusadas, identificadas como Sonia Raquel Sales de Cevallos y Jessica Ivette Pineda Flamenco, enfrentan cargos por uso y tenencia de documentos falsos, limitación ilegal a la libertad de circulación y ejercicio violento del derecho. Según la Fiscalía, ambas afirmaron ser auxiliares de la FGR y mostraron a las víctimas un documento falso con el sello y firma de un jefe fiscal, alegando que tenían una orden de desalojo que debían cumplir en 24 horas.

El ministerio público sostiene que las acciones de las imputadas no solo afectaron a las tres personas que fueron amenazadas con ser arrestadas si no desocupaban la vivienda, sino que también atentaron contra la administración pública. Las dos mujeres permanecerán en prisión mientras dure el proceso judicial.