La Fiscalía General de la República solicitó al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador que emita órdenes de captura contra el expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard, el exdiputado Rodolfo Antonio Párker Soto y tres militares retirados que no se presentaron a la audiencia preliminar.

Según el ministerio público, estos individuos fueron debidamente notificados por el tribunal, pero no comparecieron. La Fiscalía argumenta que no es suficiente con que hayan enviado a sus abogados, y en el caso de Cristiani y Párker, quienes supuestamente se encuentran fuera del país, estos pudieron haber regresado para someterse al proceso judicial.

Asimismo, se notificó a los exmilitares Juan Rafael Bustillo Toledo, Joaquín Arnoldo Cerna Flores y Juan Orlando Zepeda Herrera. El abogado de los últimos dos comunicó al juez el miércoles que sus defendidos decidieron no asistir a la audiencia por voluntad propia.

En los alegatos iniciales, la Fiscalía ratificó el dictamen de acusación contra los 11 imputados, por cargos de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo.

La alcaldesa Victoria Gutiérrez hizo un llamado a la población, turistas y touroperadores para que tengan paciencia, ya que el muelle estará completamente cerrado durante las obras de restauración. «Nuestro compromiso es seguir embelleciendo La Unión Sur y promover uno de los hermosos sitios turísticos de nuestro país», expresó.

La restauración del muelle comenzó la semana pasada y se prevé que finalice en las primeras semanas de diciembre, para estar listo y en condiciones óptimas para la temporada de vacaciones de Navidad y fin de año.

Además de este proyecto, la municipalidad está interviniendo otros espacios públicos, como la restauración del parque municipal de Yucuaiquín, el parque de la cabecera departamental y la renovación de la plaza Santiago Apóstol en la entrada a Conchagua.

Human Rights Watch ha denunciado la brutal represión desatada por el gobierno de Nicolás Maduro contra manifestantes, opositores y ciudadanos venezolanos en general. La organización ha documentado numerosos abusos perpetrados por los paramilitares del régimen, conocidos como “colectivos”, que incluyen asesinatos y otras violaciones graves de derechos humanos.

Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, el régimen ha intensificado su represión, afirmaron representantes de Human Rights Watch este miércoles. “La represión en Venezuela es extremadamente severa”, expresó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de la organización. “Es imperativo que la comunidad internacional actúe con urgencia para garantizar el derecho de los venezolanos a protestar pacíficamente y que se respete su voto.”

En su reporte, Human Rights Watch (HRW) detalla que tanto el régimen como los “colectivos” han estado involucrados en abusos generalizados, que incluyen asesinatos, detenciones arbitrarias y procesos penales injustos contra críticos del gobierno.

El 2 de septiembre, se emitió una orden de captura contra el candidato opositor Edmundo González bajo acusaciones de “instigación a la desobediencia” y “conspiración”, entre otros delitos.

La organización informó que las protestas contra los resultados electorales han estallado en todo el país, particularmente en sectores populares tradicionalmente leales al chavismo, donde se han registrado numerosos incidentes de represión.

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HRW ha recibido informes creíbles sobre 24 asesinatos en el contexto de estas protestas, incluido uno de un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Estas cifras han sido confirmadas por organizaciones locales independientes como Foro Penal, Justicia Encuentro y Perdón, Monitor de Víctimas y Provea, además de verificarse a través de redes sociales.

La organización ha documentado de forma independiente 11 de estos casos, revisando actas de defunción, videos, fotografías y realizando entrevistas con 20 personas, incluyendo testigos y otras fuentes locales.