La ministra de Vivienda, Michelle Sol, afirmó que los cercos de seguridad implementados durante la administración del presidente Nayib Bukele han sido clave para recuperar miles de viviendas que estaban usurpadas por pandillas. Al ser recuperadas, estas propiedades son devueltas a sus propietarios originales o, en caso de no estar interesados en su retorno, se ponen a disposición en el portal de viviendas recuperadas.

La orden más reciente de instalar un cerco de seguridad se dio el lunes 28 en la colonia 10 de Octubre en San Marcos, donde un contingente de 2,000 soldados y 500 policías fue desplegado para asegurar la zona y localizar a posibles miembros de pandillas que intentaban reorganizarse.

Durante estas operaciones, la Policía Nacional Civil (PNC) lleva a cabo inspecciones casa por casa para verificar que las viviendas no se usen como refugios de pandilleros y asegurar que los ocupantes puedan demostrar su posesión legítima de las propiedades.

“Ahora, son los criminales los que se esconden; antes, los ciudadanos honrados eran quienes no podían circular libremente”, expresó la ministra Sol, destacando el impacto de estas medidas en la población.

Desde la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, el Ministerio de Vivienda ha logrado recuperar 8,431 viviendas en todo el país, permitiendo que muchas familias afectadas por la violencia criminal regresen a sus hogares.

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CEL

Carlos Antonio Melara Ortiz ha sido condenado a 40 años de cárcel por el delito de feminicidio agravado, tras ser encontrado responsable de asesinar a su pareja en una habitación que alquilaban en San Luis Talpa, La Paz. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, el cual también ordenó que Melara Ortiz pague $20,000 en concepto de responsabilidad civil.

El crimen ocurrió el 30 de mayo de 2023 en el cantón La Cuchilla. Según el testimonio de vecinos, Melara Ortiz, quien llegó a la vivienda en estado de ebriedad, discutió acaloradamente con la víctima, lo que culminó en el ataque mortal. Tras el suceso, fue escuchado gritando que había asesinado a su pareja.

La Fiscalía General de la República presentó pruebas que demostraron la culpabilidad del imputado. Entre las pruebas, destacó el análisis de ADN que reveló la presencia de tejido de Melara Ortiz bajo las uñas de la víctima, indicando que ella intentó defenderse del ataque. Al ser detenido, el acusado presentaba varios rasguños en el cuerpo.

En la audiencia, la jueza destacó que los elementos probatorios y testimoniales confirmaron que el acusado fue el único presente en la habitación al momento del crimen, y desestimó la teoría de la defensa de que una tercera persona había cometido el feminicidio.

Tres miembros de la Mara Salvatrucha fueron condenados a 24 años de prisión por privar de libertad a cuatro jóvenes y amenazarlos con asesinarlos. Los implicados, identificados como Ronald Ricardo López Ventura, Walter Omar Moreno Ventura y Juan Carlos Pineda Cubias, enfrentaron un juicio en el que los dos primeros fueron juzgados en ausencia, pues se encuentran prófugos. La ley permite que se realice el juicio y se dicte sentencia a pesar de la ausencia de los acusados cuando existen pruebas suficientes.

El incidente tuvo lugar el 11 de agosto de 2016 en el cantón San Francisco El Dorado, jurisdicción de San Isidro, en el departamento de Cabañas. Según la Fiscalía General de la República (FGR), los cuatro jóvenes, buscando refugio de la lluvia, ingresaron a una estructura techada junto a la carretera entre Sensuntepeque e Ilobasco. Poco después, fueron abordados por los tres pandilleros, quienes, tras cuestionar si los jóvenes pertenecían a alguna pandilla, los llevaron a un terreno aislado y los mantuvieron cautivos durante varias horas.

Durante el cautiverio, los pandilleros interrogaron a las víctimas sobre posibles vínculos con pandillas rivales. Al confirmar que no pertenecían a ninguna organización, los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos de muerte si denunciaban el incidente.

Tras la sentencia, se emitieron órdenes de captura para López Ventura y Moreno Ventura. Pineda Cubias, por su parte, enfrenta además otros cargos, como agrupaciones ilícitas y tenencia ilegal de armas, por los cuales está a la espera de una audiencia preliminar bajo el régimen de excepción.