Las autoridades de El Salvador han cumplido su promesa de mejorar la seguridad, reflejándose en las cifras más bajas de crímenes contra la vida durante el primer trimestre de 2025. Con un promedio de 0.18 homicidios por día, el país ha logrado una notable disminución en comparación con años anteriores.

En los primeros tres meses de 2025, El Salvador ha registrado el promedio más bajo de homicidios. Por ejemplo, en el mismo periodo de 2024, el promedio fue de 0.27 homicidios diarios, y en 2023 fue de 0.41. Según datos de la Policía Nacional Civil, el número total de homicidios también ha disminuido: en enero de 2025 hubo seis homicidios, en 2024 fueron nueve y en 2023 fueron 11. En febrero, el país reportó tres homicidios, en 2024 fueron seis y en 2023 fueron 14. En marzo de 2025, hubo ocho homicidios, comparado con 10 en 2024 y 12 en 2023.

La reducción sostenida de homicidios en los últimos años es, según las autoridades de seguridad, el resultado de las estrategias implementadas por el presidente Nayib Bukele, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.

Además, las autoridades han señalado que las muertes violentas ya no se deben principalmente a las pandillas, como ocurría en el pasado, sino a situaciones de intolerancia, como peleas entre personas ebrias y crímenes pasionales. En 2024, de los 114 homicidios reportados, el 70% fueron atribuibles a estos factores de intolerancia social y familiar.

La significativa disminución de homicidios ha convertido a El Salvador en un referente internacional de cambio. De una tasa de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015, el país llegó a una tasa de 1.9 al final de 2024, el año más seguro en su historia.

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CEL

«Lo que por décadas fue impensable para los salvadoreños, vivir sin miedo, con paz y libertad, ahora es una realidad. Somos el país más seguro del hemisferio occidental y vamos a continuar trabajando para garantizar que dentro de nuestro territorio no haya ni un solo criminal», afirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

La percepción positiva sobre la gestión del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, descendió 9 puntos porcentuales en abril, situándose en un 54 %, mientras la preocupación por la inseguridad sigue en aumento, según una encuesta publicada este miércoles.

El estudio, realizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, señala que el respaldo al mandatario cayó desde el 63 % registrado en noviembre de 2024, cuando alcanzó su punto más alto en las mediciones.

“En un análisis más amplio, esta caída revierte la tendencia de recuperación observada en la última parte de 2024 y sitúa la valoración positiva en niveles similares a los de enero, abril y septiembre del mismo año. Esto sugiere que el repunte a finales de 2024 fue circunstancial, impulsado por eventos coyunturales, y no un cambio sostenido en la tendencia”, indica el informe.

Por otro lado, la desaprobación hacia Chaves ha aumentado hasta el 29 %, reflejando un alza de 8 puntos porcentuales desde la última medición. Mientras tanto, el porcentaje de quienes mantienen una opinión neutra sobre su gestión permanece relativamente estable en 17 %, con una variación mínima de un punto respecto a noviembre de 2024.

El juicio contra tres guatemaltecos acusados de violencia sexual contra 36 mujeres mayas durante el conflicto armado interno continuó este martes con la declaración del antropólogo José Ángel Zapata, quien explicó ante el Tribunal de Mayor Riesgo B el impacto social y cultural de estos crímenes.

«La violencia sexual tenía como objetivo romper la resistencia cultural maya», afirmó Zapata, detallando que los abusos cometidos en Rabinal, Baja Verapaz, entre 1981 y 1983, dejaron secuelas que aún persisten más de 40 años después.

Los acusados, Pedro Sánchez, Simeón Gómez y Félix Tum, integraban una patrulla de autodefensa civil organizada por el Ejército y enfrentan un nuevo proceso luego de que una sala de Apelaciones revocara su liberación en 2019.

Este caso se suma a otras condenas previas por crímenes de violencia sexual cometidos durante la guerra interna guatemalteca (1960-1996), un conflicto que dejó más de 250,000 muertos y desaparecidos, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.