La Asociación Demográfica Salvadoreña (ADS)/Pro-Familia ha inaugurado su nuevo complejo quirúrgico, un espacio innovador que combina tecnología avanzada y una infraestructura de última generación para ofrecer cirugías seguras y especializadas en diversas ramas de la medicina.

Infraestructura y beneficios para los pacientes

El centro cuenta con cinco quirófanos equipados con tecnología de punta, lo que permite reducir los tiempos de espera y mejorar la atención médica. Además, incorpora piso de goma conductiva para evitar descargas eléctricas, paredes con curvas sanitarias y pintura epóxica para garantizar un ambiente estéril y un sistema de ventilación con filtros HEPA, que elimina partículas microscópicas, reduciendo el riesgo de infecciones.

En cuanto a la esterilización, el complejo dispone de equipos de última generación, como una lavadora ultrasónica, termodesinfectadora y esterilizadores modernos, asegurando altos estándares de asepsia en cada procedimiento.

Para garantizar la continuidad de los servicios, el centro cuenta con un generador eléctrico de 175 KVA y un sistema de respaldo que evita interrupciones durante los procedimientos quirúrgicos. Además, dispone de salas de recuperación estratégicamente ubicadas para una atención postoperatoria inmediata.

Especialidades quirúrgicas

El nuevo complejo quirúrgico permite la realización de múltiples procedimientos en especialidades como:

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 Ginecología: atención de partos, histerectomías, miomectomías y esterilizaciones.
Cirugía General: apendicectomías, colecistectomías y reparación de hernias.
Endoscopía Quirúrgica: tratamiento de cáncer gastrointestinal y varices esofágicas.
Cirugía Vascular: manejo de insuficiencia venosa y pie diabético.
Ortopedia: atención de fracturas y lesiones deportivas.
Cirugía Plástica: liposucción, rejuvenecimiento facial y reconstrucción.
Neurocirugía: cirugía de columna, aneurismas y tumores cerebrales.

El Dr. José Villeda Bejarano, presidente de ADS/Pro-Familia, destacó que el centro cuenta con los permisos del Consejo Superior de Salud Pública, garantizando que cumple con los más altos estándares de calidad, seguridad y normativas vigentes.

Guatemala ha registrado un alarmante aumento del 31.6 % en los homicidios durante los primeros dos meses de 2025, en comparación con el mismo período del año pasado, según un informe del Observatorio de Violencia de la organización Diálogos.

En enero y febrero de este año se contabilizaron 504 asesinatos, 121 más que los 383 registrados en 2024. La tasa de homicidios interanual en febrero se situó en 16.6 por cada 100,000 habitantes.

Los departamentos con mayor cantidad de crímenes en febrero fueron Guatemala (122), Escuintla (29), Chiquimula (16), Petén (13), Jalapa e Izabal (9 cada uno). De estos casos, 217 fueron cometidos con arma de fuego, 14 con arma blanca, 10 con objeto contundente, 10 por estrangulamiento y 1 por linchamiento.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, reconoció el pasado 12 de marzo que el país atraviesa un momento crítico debido al recrudecimiento de la violencia y el accionar de estructuras criminales, entre ellas las pandillas.

El Congreso de Guatemala ha decidido suspender el aumento salarial aprobado en noviembre de 2024 a través del Acuerdo Legislativo 31-2024, en respuesta al rechazo ciudadano.

Tras semanas de negociaciones, los distintos bloques legislativos lograron un consenso para derogar el artículo 3 de dicho acuerdo, el cual establecía la nivelación salarial de los parlamentarios. Para que esta eliminación sea oficial, el pleno del Congreso deberá aprobarla con al menos 81 votos favorables, según informaron medios locales.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, afirmó en conferencia de prensa que la decisión busca atender las demandas de la población. «Nos unimos en un solo afán: defender la democracia, la institucionalidad del país y responder a las necesidades del pueblo de Guatemala», declaró.

Ramos también señaló que se evaluará qué hacer con los sueldos ya recibidos en dos ocasiones por los legisladores desde la implementación del aumento.

La presión ciudadana fue clave en esta decisión. La organización indígena 48 Cantones de Totonicapán había advertido que, de no revocarse el aumento, iniciarían medidas de protesta a partir del 28 de marzo.

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