El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador por 18 meses, comenzando el 10 de marzo de 2025, con una prórroga hasta el 9 de septiembre de 2026. Así lo informó la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, en un comunicado oficial.

La última extensión del TPS para El Salvador cubría el período comprendido entre el 10 de septiembre de 2023 y el 9 de marzo de 2025, pero ha sido renovada nuevamente. La funcionaria destacó que los beneficiarios deberán reinscribirse a partir del 17 de enero y tendrán un plazo de 60 días para realizar este trámite, siempre y cuando continúen cumpliendo con los requisitos de elegibilidad para el TPS. Actualmente, aproximadamente 180,375 salvadoreños están amparados bajo este programa.

En 2024, las autoridades salvadoreñas realizaron una incautación récord de 17,224 kilos de drogas, con un valor estimado en $422,771,124.43. Entre las sustancias decomisadas se incluyeron marihuana, cocaína, crack, heroína, éxtasis y metanfetamina. Este logro se enmarca dentro de los esfuerzos del país para frenar el narcotráfico, una actividad que ha sido durante años una de las principales fuentes de financiamiento y control para las pandillas y grupos de crimen organizado.

El 6 de enero, durante la presentación de los resultados del Gabinete de Seguridad Ampliado, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó que 2024 se consolidó como el año más exitoso en la lucha contra el narcotráfico. El funcionario expresó que El Salvador ha demostrado a la comunidad internacional su compromiso en la lucha contra este flagelo que afecta tanto a los salvadoreños como a ciudadanos de otras partes del mundo.

Comparando con años anteriores, las autoridades de seguridad lograron una incautación significativamente mayor en 2024 en comparación con 2023, cuando solo se decomisaron 3.6 toneladas de droga. En 2022, la cifra fue de 13 toneladas, valoradas en $303.7 millones, mientras que en 2021 se incautaron 11.8 toneladas con un valor de $275 millones.

Este aumento en las incautaciones de droga se refleja en una reducción del 40% en delitos relacionados con la violencia, incluido el narcotráfico, contribuyendo a la consolidación de la seguridad en el país.

En 2015, durante el segundo mandato del FMLN bajo la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, quien actualmente es prófugo de la justicia salvadoreña, el gobierno vendió el 80% de las reservas de oro del país, lo que representó una transacción de $206 millones. Esta operación se realizó sin un destino específico para los recursos obtenidos, según lo indicó un funcionario del Banco Central de Reserva (BCR) a la agencia internacional de noticias Reuters en ese momento.

El funcionario del BCR explicó que los $206 millones obtenidos por la venta del oro fueron destinados a las reservas del banco central, con el fin de proteger al país de una posible volatilidad en los mercados. El Salvador, cuya economía ha estado dolarizada desde 2001, utilizó estos fondos sin especificar un plan concreto para su uso.

En contraste con la decisión de El Salvador, otros países aumentaron sus reservas de oro en el mismo período, como Turquía, Bielorrusia, Kazajistán y Rusia, según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) de abril de 2015. En ese entonces, El Salvador fue el único país que optó por vender oro, mientras que otras naciones lo consideraron un activo valioso para respaldar sus economías.