Un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos presentó una demanda contra la Administración Trump en representación de familiares de tres migrantes venezolanos detenidos en la base naval de Guantánamo, en Cuba.

Las organizaciones denuncian que los detenidos están incomunicados y exigen acceso a información sobre sus condiciones de reclusión, así como el respeto al debido proceso.

La querella, presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Centro para los Derechos Constitucionales, entre otros grupos, incluye el testimonio de Eucaris Carolina Gómez Lugo, quien se enteró de la detención de su hermano tras ver una fotografía publicada por el gobierno de Estados Unidos.

Los demandantes instan a las autoridades a garantizar los derechos de los migrantes y permitir contacto con sus familias y representantes legales.

La Casa Blanca acusó este miércoles a los jueces que han bloqueado órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump de generar una crisis constitucional y abusar de su poder.

“Creemos que estos jueces están actuando como activistas judiciales en lugar de árbitros honestos de la ley. Han emitido al menos 12 mandatos judiciales contra esta Administración en los últimos 14 días, a menudo sin citar ninguna evidencia o fundamento para sus demandas”, afirmó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Desde el inicio de su segundo mandato, el pasado 20 de enero, Trump ha visto cómo la justicia ha bloqueado temporalmente varias de sus órdenes, incluyendo su plan de obligar a la baja administrativa a miles de empleados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la congelación de ayudas y préstamos federales.

Leavitt sostuvo que estos bloqueos responden a “un esfuerzo concertado más amplio por parte de activistas demócratas” y aseguró que es “la continuación del uso de la justicia como arma contra el presidente Trump”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una demanda contra el estado de Nueva York por una ley aprobada en 2019 que permite a todos sus residentes obtener una licencia de conducir sin importar su estatus migratorio.

La acción legal fue anunciada por la fiscal general Pam Bondi, aliada cercana del expresidente Donald Trump, quien calificó la ley como “inconstitucional” y aseguró que fomenta la migración irregular.

Bondi acusó a Nueva York de priorizar a los migrantes indocumentados sobre los ciudadanos estadounidenses y explicó que la demanda está dirigida contra la gobernadora Katy Hochul, la fiscal general del estado, Letitia James, y el comisionado del Departamento de Vehículos Motores, Mark Schroeder.

Esta demanda se produce apenas seis días después de que el Departamento de Justicia presentara otra acción similar contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, acusándolos de obstaculizar las labores migratorias, incluyendo procesos de deportación.