La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el viernes una nueva ley anticorrupción y reformó el Código Penal para endurecer las penas por estos delitos, como parte de la estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir la corrupción en el país.

La legislación fue avalada con 59 de los 60 votos del Congreso unicameral. A la iniciativa se sumaron los dos diputados del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), mientras que la única abstención fue de la legisladora Claudia Ortiz, del partido VAMOS.

Entre sus disposiciones, la ley obliga a funcionarios y empleados públicos a presentar, además de su declaración de renta anual, un informe detallado sobre sus activos y pasivos patrimoniales. Esta información deberá ser publicada por el Ministerio de Hacienda en un plazo de 15 días.

La normativa también extiende esta obligación a los hijos y al cónyuge de los funcionarios, sin importar si el vínculo es por matrimonio o concubinato.

América Latina se verá seriamente afectada por la suspensión de fondos y el drástico recorte en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que en 2024 destinó 2.300 millones de dólares a la región. La decisión, tomada por el presidente Donald Trump, pone en peligro la continuidad de los programas en 130 países y deja en incertidumbre a millones de personas que dependían de esta cooperación.

Lo que comenzó como una medida temporal de 90 días para «reducir el gasto público y la burocracia, evaluar la eficacia de los programas y prevenir el uso indebido de fondos» ha escalado hasta convertirse en una crisis para Usaid. Elon Musk, responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU., ha respaldado la eliminación de la agencia, declarando que «ha llegado el momento de que muera».

Aunque un juez federal bloqueó temporalmente la decisión este viernes, Trump sigue adelante con su plan de reducir el personal de Usaid de 10.000 a solo 290 empleados considerados «esenciales», según The New York Times. Además, el control de la agencia ha sido transferido al Departamento de Estado, marcando el fin de seis décadas de operaciones y dejando a la oficina regional de América Latina con apenas ocho personas.

Datos oficiales del Gobierno de EE.UU. indican que, en 2024, Usaid distribuyó más de 44.000 millones de dólares en ayuda global, de los cuales 2.300 millones fueron dirigidos a América Latina. Esta reducción drástica amenaza múltiples iniciativas en la región, que dependían de estos fondos para su continuidad.

Las autoridades salvadoreñas presentaron este viernes un cargamento de 1.5 toneladas de cocaína, valuado en $39 millones, incautado el pasado 27 de enero a ocho ciudadanos costarricenses que transportaban la droga en dos barcos pesqueros interceptados a 300 millas náuticas (556 kilómetros) al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque.

El operativo estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de la Defensa y la Fiscalía General de la República (FGR). Durante la intervención fueron capturados Hugo Martín Calvo Sandino, Francisco Diego Ávila Chavarría, Erick Gabriel Gómez Castillo, Kevin Mauricio Rojas, Alexander Gerardo Alvarado, Yeudy Espinosa Esteller, Edgar David Carranza y Diego Jesús Burgos Morales.

El ministro de Defensa, René Merino Monroy, destacó que la estrategia de seguridad implementada en los últimos cinco años ha convertido a El Salvador en una autoridad en el combate al narcotráfico en el océano Pacífico.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, resaltó que la Marina Nacional ha decomisado un total de 22.6 toneladas de cocaína en el último año, con un valor estimado de $565.2 millones.

El cargamento de droga fue presentado en la Base Naval de La Unión, reafirmando el compromiso del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado.

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CEL