La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un Juzgado Contra el Crimen Organizado de San Salvador la solicitud de imposición de medidas contra una estructura criminal dedicada a la trata de personas en la modalidad de explotación sexual, así como al lavado de dinero y activos.

Según las investigaciones, la red era liderada por Amanda Del Carmen Cárcamo Barrera y operaba en las zonas aledañas al centro de San Salvador desde hace dos años. Junto a ella, otras nueve personas desempeñaban distintos roles en la estructura, desde la captación y coacción de víctimas hasta la administración de los negocios ilícitos.

Entre los involucrados figuran Jacqueline Elizabeth Rivera Cárcamo, Óscar Mauricio Estrada García, Ana Patricia Ramírez, Jocelyn Carolina López Ramírez y Cecia Jacoby Vásquez Ramírez, encargados de gestionar los establecimientos y reclutar mujeres. Jessica Suyapa Hernández Chacón tenía la función de localizar y engañar a las víctimas en parques de San Salvador, mientras que Mélida Martínez Mayén se encargaba de vigilarlas y Henry Francisco Martínez Deleón, taxista de la estructura, las transportaba para evitar que escaparan. Marcos Rivera Alfaro también colaboraba con la banda.

Las capturas se llevaron a cabo el 25 de febrero en un operativo en los alrededores del centro de San Salvador. Entre los casos documentados, destaca el de una mujer interceptada en mayo de 2024, a quien le ofrecieron trabajo limpiando casas. Tras aceptar, fue separada de su hijo y obligada a ejercer la prostitución.

Los 10 imputados enfrentan cargos por trata de personas agravada en modalidad de explotación sexual, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.

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CEL

En 2015, El Salvador registraba al menos dos feminicidios diarios, y entre 2016 y 2017, la tasa de estos crímenes oscilaba entre 12 y 16 por cada 100,000 habitantes.

Sin embargo, en los últimos años, los casos de violencia feminicida han mostrado una tendencia a la baja. Según datos de la Fiscalía y la Policía Nacional Civil, el promedio diario de feminicidios se redujo a 0.08 en 2024, en contraste con 1.28 en 2017. Desde 2019, esta disminución ha sido constante, algo que las autoridades atribuyen a las estrategias de seguridad implementadas y a los esfuerzos por fortalecer la protección de las mujeres.

Las cifras reflejan esta tendencia: en 2019 se reportaron 113 feminicidios, cifra que bajó a 73 en 2020, representando una reducción del 36 %. Para 2021, los casos descendieron a 68, un 40 % menos respecto a 2019. En 2022 se contabilizaron 53 feminicidios, en 2023 la cifra se redujo a 29 y en 2024 se registraron 30 casos. Para 2025, hasta el 9 de marzo, se han reportado tres feminicidios.

El gabinete de Seguridad ha reafirmado su compromiso de combatir todo tipo de violencia y garantizar justicia para las víctimas. «La justicia selectiva quedó atrás, estamos llamados a hacer justicia colectiva. No vamos a tolerar crímenes de sangre, delitos sexuales ni ningún acto de violencia», enfatizó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

La calificadora de riesgo Fitch Ratings destacó que el programa de $1,400 millones aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para El Salvador aliviará las restricciones de financiamiento y contribuirá a la consolidación fiscal, reduciendo así las necesidades de financiamiento del país.

La semana pasada, el FMI aprobó un programa de 40 meses bajo el mecanismo de Servicio Ampliado (SAF), lo que permitirá que las autoridades salvadoreñas reciban un desembolso inmediato cercano a los $113 millones. Este acuerdo, según el FMI, podría activar financiamientos adicionales de organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, lo que llevará el paquete total de financiamiento a más de $3,500 millones a lo largo del período del programa.

Fitch Ratings ya había elevado la calificación de El Salvador a B- desde CCC+, con una perspectiva estable, luego de que se anunciara el acuerdo con el FMI. En su último informe, la calificadora señala que el SAF, junto con otros financiamientos multilaterales y un déficit de cuenta corriente manejable para 2025, respaldarán las reservas brutas del banco central y fortalecerán la resiliencia del país ante posibles choques económicos.

Fitch anticipa que las reservas del país seguirán aumentando en 2025, alcanzando los $4,400 millones, lo que fortalecerá la capacidad de El Salvador para hacer frente a la deuda a corto plazo y abrirá la posibilidad de realizar más emisiones de deuda en el mercado internacional.