Desde la aprobación de la Ley Bitcoin en 2021 y la Ley de Emisión de Activos Digitales en 2023, El Salvador ha consolidado su posición como referente global en la regulación de activos digitales. Estas normativas han sentado las bases para la construcción de un mercado de valores basado en tecnología blockchain, atrayendo la atención de inversionistas y gobiernos de todo el mundo.

Uno de los hitos más importantes en este proceso fue la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), la primera entidad en el mundo dedicada exclusivamente a la supervisión y regulación de activos digitalesbajo estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El liderazgo de El Salvador en este campo ha despertado el interés de empresas globales y gobiernos que buscan desarrollar regulaciones efectivas para el sector cripto. Ante la proyección de que el mercado de tokenización de activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés) supere los $30 billones en 2030, los países han identificado la necesidad de establecer marcos normativos que fomenten el crecimiento del sector y prevengan delitos financieros.

En este contexto, la CNAD ha iniciado una agenda internacional de asesoría y colaboración para ayudar a otras naciones a diseñar sus propias regulaciones.

«El presidente Nayib Bukele siempre dice: ‘Si El Salvador puede ayudar, ayudemos’», expresó Juan Carlos Reyes, presidente de la CNAD. «Siguiendo esa visión, hemos comenzado a apoyar a otros países latinoamericanos para que comprendan cómo se deben regular y supervisar los activos digitales», agregó.

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CEL

Con este esfuerzo, El Salvador busca fortalecer su posición como líder en la economía digital y contribuir al desarrollo de un entorno seguro y regulado para los activos digitales en la región.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) redujo este lunes sus previsiones de crecimiento mundial para 2025, señalando la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales como factores clave en la desaceleración económica.

“Estamos navegando en aguas turbulentas”, declaró Álvaro Santos Pereira, economista jefe del organismo con sede en París, al presentar el informe actualizado. La OCDE estima ahora que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial crecerá un 3.1 % en 2025, una reducción respecto al 3.3 % proyectado en diciembre pasado.

En el caso de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha intensificado su postura comercial con amenazas de nuevos aranceles, se espera un crecimiento del 2.2 % en 2024 y una desaceleración al 1.6 % en 2025. Esto representa una reducción de 0.2 y 0.5 puntos porcentuales respecto a las proyecciones anteriores.

Las políticas comerciales de EE.UU. también están impactando a sus socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Canadá verá su crecimiento disminuir drásticamente a 0.7 % en 2025, mientras que México sufrirá una caída de 2.5 puntos, entrando en recesión este año, según la OCDE.

El informe destaca que las restricciones arancelarias en América del Norte frenarán el crecimiento regional, sumándose a las tensiones geopolíticas que afectan a varias economías globales. “A medida que entren en vigor los aumentos arancelarios, el crecimiento en EE.UU., México y Canadá seguirá desacelerándose”, concluye el organismo.

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El gobierno de Venezuela acusó este sábado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de alinearse con los intereses de Estados Unidos y pidió reformar este organismo para que sea más «inclusivo y transparente».

En un mensaje publicado en Telegram, el canciller venezolano Yván Gil recordó que el Consejo fue creado el 15 de marzo de 2006 con el objetivo de sustituir a la anterior Comisión de Derechos Humanos, criticada por su falta de efectividad. Sin embargo, afirmó que el organismo enfrenta «los mismos retos de su predecesora» al supuestamente favorecer la agenda de Washington.

El Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados miembros con mandatos de tres años, tiene la facultad de establecer y renovar comisiones de investigación sobre violaciones de derechos humanos. Recientemente, aprobó una misión para indagar posibles abusos en la República Democrática del Congo.