Una coalición de 20 estados y Washington D.C. presentó una demanda federal este jueves en Massachusetts contra la administración de Donald Trump, argumentando que los despidos masivos en el Departamento de Educaciónconstituyen un desmantelamiento ilegal de la agencia, creada por el Congreso.

Según la demanda, los recortes son tan drásticos que el departamento «ya no puede funcionar ni cumplir con sus requisitos legales», lo que podría generar retrasos en la distribución de fondos federales para escuelas públicas, afectar la gestión de ayuda financiera universitaria y debilitar la aplicación de leyes de derechos civiles en educación.

El Departamento de Educación aún no ha respondido a las acusaciones, aunque previamente ha asegurado que seguirá cumpliendo con sus obligaciones legales. Sin embargo, tras un despido de 1,300 empleados anunciado el martes, la agencia operará con aproximadamente la mitad de su personal original de 4,100 empleados desde la llegada de Trump a la Casa Blanca.

El expresidente ha reiterado su intención de cerrar el departamento, calificándolo de derrochador y con exceso de influencia liberal. No obstante, la demanda sostiene que solo el Congreso tiene la autoridad para eliminar la agencia o reducir sus funciones esenciales.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió que estos recortes afectarán servicios clave para estudiantes y familias en todo el país.

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CEL

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó este miércoles que en febrero detuvo a 8,347 migrantes indocumentados cruzando la frontera suroeste, lo que representa una disminución del 94 % interanual y un 71 % menos en comparación con enero.

Según el comunicado oficial, las detenciones de la Patrulla Fronteriza promediaron 330 al día, el nivel más bajo registrado en la historia de la agencia. CBP atribuye esta drástica reducción a las órdenes ejecutivas implementadas por el presidente Donald Trump para reforzar la seguridad en la frontera.

Trump, quien asumió su segundo mandato el pasado 20 de enero, ha calificado esta reducción como el fin de la «invasión» migratoria. «Si cruzas la frontera ilegalmente, serás deportado sin posibilidad de volver a intentarlo al día siguiente o en pocas horas», advirtió la CBP en el comunicado.

El mes pasado, las autoridades ya habían reportado un 85 % menos de cruces en los primeros 11 días del nuevo gobierno en comparación con el mismo período de 2024. Además, entre mediados de enero y finales de febrero, la CBP participó en operativos en California, Arizona y el noroeste del Pacífico, incautando más de 4,800 kilos de drogas, principalmente cocaína y fentanilo.

La policía federal de Bélgica registró este jueves la sede de Huawei en Bruselas y los domicilios de varios lobistas vinculados a la empresa china, en el marco de una investigación por presuntos delitos de soborno, falsificación, blanqueo de dinero y organización delictiva con miembros del Parlamento Europeo.

Según una investigación de los diarios Le Soir y Knack, junto a los medios Follow the Money y Reporters United, las autoridades realizaron 21 registros en Bruselas, Valonia, Flandes y Portugal. Se sospecha que al menos 15 eurodiputados, tanto en funciones como retirados, estarían implicados en la trama.

La Fiscalía Federal belga confirmó que varios empleados de Huawei han sido detenidos en una operación que movilizó a un centenar de agentes y resultó en la incautación de documentos y otros objetos de interés.

Sin mencionar directamente a Huawei, la fiscalía señaló que los delitos ocurrieron entre 2021 y la actualidad, bajo la apariencia de actividades de lobby comercial, incluyendo supuestas remuneraciones por cargos políticos y regalos excesivos, como comidas, viajes y entradas a eventos deportivos.

Según los medios que revelaron la investigación, el objetivo de estas prácticas sería contrarrestar las restricciones impulsadas por Estados Unidos contra las compañías de telecomunicaciones chinas en mercados estratégicos y favorecer su acceso al mercado europeo.

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CEL

La fiscalía también investiga posibles operaciones de blanqueo de capitales, señalando que los fondos vinculados a la presunta corrupción podrían haberse ocultado mediante el financiamiento de conferencias y pagos a intermediarios.