Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, realizará esta semana una visita a El Salvadorcomo parte de un viaje de tres días por la región, que también incluirá paradas en Colombia y México, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En El Salvador, Noem visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que simboliza la guerra contra las pandillas del gobierno de Nayib Bukele. En esta prisión, el gobierno salvadoreño ha encarcelado a cerca de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos, quienes están acusados de ser miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua (TdA).

El viaje de Noem incluye una visita guiada por el ministro salvadoreño de Justicia, Gustavo Villatoro, y culminará con una reunión con el presidente Bukele.

Esta medida forma parte de la política migratoria agresiva impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha invocado una ley de 1789 para deportar de forma sumaria a extranjeros que, según las autoridades, representan una amenaza para Estados Unidos. Trump ha denunciado que el Tren de Aragua está invadiendo el país y ha utilizado esta legislación para autorizar la expulsión de los migrantes sin juicios previos.

Organizaciones de derechos humanos han solicitado formalmente a un juzgado de El Salvador agilizar el proceso penal contra los militares acusados del asesinato de san Óscar Arnulfo Romero, ocurrido en 1980. Este caso, reabierto hace más de ocho años, aún no ha avanzado lo suficiente para pasar a juicio, y la solicitud llega cuando se cumplen 45 años de su muerte.

En mayo de 2017, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador dictó la reapertura del caso por el homicidio de monseñor Romero. En octubre de 2018, se ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación.

El abogado Alejandro Díaz, de la organización Tutela Legal ‘María Julia Hernández’, denunció el «estancamiento del proceso» y la falta de investigación y diligencias útiles en el caso.

Monseñor Romero fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia en San Salvador.

La revocatoria del programa de parole humanitario ha generado temor y desesperación en la comunidad nicaragüense en Estados Unidos. Este programa, que permitió a más de 93,000 personas del país centroamericano viajar legalmente, se convirtió en una esperanza para miles, pero ahora los deja en una situación incierta.

Se esperaba que la administración del presidente Donald Trump anunciara oficialmente este lunes en el Registro Federal la eliminación del programa, implementado en octubre de 2022 para venezolanos y ampliado en enero de 2023para cubanos, haitianos y nicaragüenses. Su objetivo era contener el aumento de migrantes en la frontera sur y en el sur de Florida.

La decisión afectará a unas 531,000 personas que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo este esquema, en el que contaban con un patrocinador que garantizaba respaldo financiero y pasaban por rigurosos controles de seguridad biométricos y biográficos.

Beneficiarios del programa, analistas y activistas de derechos de los migrantes advirtieron a El Nuevo Herald que la medida golpeará especialmente a los nicaragüenses que no lograron ajustar su estatus migratorio. Ahora, podrían verse obligados a regresar a su país, donde, según denuncian, enfrentan el riesgo de ser encarcelados bajo el gobierno de Daniel Ortega, si es que Nicaragua decide aceptarlos de vuelta.