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Centroamérica

EEUU impone restricciones de visados a 100 nicaragüenses ligados al régimen de Daniel Ortega

Restricciones y revocaciones de visado fueron las imposiciones del gobierno estadounidense hacia 100 miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua y del sistema judicial de ese país por su participación en la represión y el abuso de derechos humanos en el marco de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. La medida incluyó a fiscales, jueces y familiares de los mismos.

De acuerdo con el Departamento de Estados de Estados Unidos, la medida ha sido aplicada a aquellos que “se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos los responsables o cómplices de la supresión de las protestas pacíficas o del abuso de los derechos humanos”. La declaración surge luego de la detención de 26 opositores políticos y actores prodemocráticos, incluidos seis aspirantes a la presidencia, activistas estudiantiles, líderes del sector privado y otros actores políticos en el país centroamericano.

Aparte, Washington mencionó como argumento la aprobación de leyes represivas como la legislación electoral, una ley de “ciberdelitos”, una ley de “agentes extranjeros” y una ley de “soberanía”, disposiciones legales que sirvieron al régimen sandinista para su arremetida contra la oposición de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

El comunicado asegura además que el gobierno del presidente Joe Biden “continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas que tiene a su disposición para presionar por la liberación de los presos políticos” y respaldar los llamados de los nicaragüenses “por una mayor libertad, responsabilidad y elecciones libres y justas”.

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MARN1

Centroamérica

Alianza para el Desarrollo en Democracia respalda a Edmundo González Urrutia y denuncia fraude electoral en Venezuela

Los cuatro gobiernos miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) expresaron su rechazo rotundo al acto de toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero, calificándolo como «ilegítimo» y resultado de un fraude electoral, impuesto mediante el terror de Estado contra el pueblo venezolano.

Maduro, quien ocupa la presidencia desde 2013, fue juramentado en una ceremonia cuestionada por varios países, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea y varias naciones latinoamericanas. El candidato opositor, Edmundo González Urrutia, asegura haber ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio y calificó el acto de investidura como un «golpe de Estado».

Para la ADD, existen pruebas de que en las elecciones, el electorado votó de manera pacífica y masiva a favor de González Urrutia. La autoridad electoral venezolana proclamó a Maduro como ganador con un 52 % de los votos, pero hasta ahora no ha publicado el escrutinio detallado, como exige la ley. La oposición afirma que González Urrutia ganó con un 70 % del electorado.

La ADD añadió en su comunicado que continuará trabajando con la comunidad internacional para lograr una transición democrática en Venezuela que ponga fin a este periodo de opresión y las violaciones sistemáticas de derechos humanos.

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Centroamérica

EE.UU. extiende el TPS para El Salvador por 18 meses

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador por 18 meses, comenzando el 10 de marzo de 2025, con una prórroga hasta el 9 de septiembre de 2026. Así lo informó la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, en un comunicado oficial.

La última extensión del TPS para El Salvador cubría el período comprendido entre el 10 de septiembre de 2023 y el 9 de marzo de 2025, pero ha sido renovada nuevamente. La funcionaria destacó que los beneficiarios deberán reinscribirse a partir del 17 de enero y tendrán un plazo de 60 días para realizar este trámite, siempre y cuando continúen cumpliendo con los requisitos de elegibilidad para el TPS. Actualmente, aproximadamente 180,375 salvadoreños están amparados bajo este programa.

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Centroamérica

Honduras avanza en lucha contra la impunidad con juicio a exjefes militares por la muerte de un manifestante

El general Romeo Vásquez, quien lideró el golpe de Estado en Honduras en 2009 que derrocó al presidente izquierdista Manuel Zelaya, se enfrenta este viernes a la justicia, acompañado de otros dos exjefes militares, por la muerte de un manifestante durante esos días de agitación política.

Vásquez, quien era el comandante de las Fuerzas Armadas en 2009, y los otros dos generales están siendo procesados en una audiencia reservada en un tribunal en Tegucigalpa. En esta audiencia se decidirá si el proceso continúa o si los acusados son absueltos. Los tres oficiales se encuentran detenidos desde el pasado domingo.

Vásquez ha calificado el juicio como una «persecución política» en su contra. Sin embargo, la oficina en Honduras del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha considerado que este proceso representa un «avance» hacia el «acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad».

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