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Centroamérica

El Salvador: Detienen a más de 50 por diversos delitos en Santa Ana

Un total de 56 detenidos ha sido el saldo de los últimos operativos y despliegues que ha desarrollado la Policía Nacional Civil (PNC) en El Salvador, especificamente en el departamento de Santa Ana. A los imputados se les acusa de diversos delitos, informó la institución policial la mañana de este lunes.

La PNC detalló que algunos de los delitos por los que serán acusados los detenidos son: homicidio, extorsión, tenencia ilegal de arma de fuego, tráfico ilícito de droga y limitación ilegal a la libertad de circulación.

Por otro lado, la entidad señaló que durante los operativos se procedió a la incautación de nueve vehículos, cinco armas de fuego, tres teléfonos celulares y cantidades de diversos tipos de droga.

Las acciones se han ejecutado en el marco del Plan Control Territorial, la estrategia del gobierno salvadoreño para la prevención y combate a la delincuencia en el país.

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MARN1

Centroamérica

Alianza para el Desarrollo en Democracia respalda a Edmundo González Urrutia y denuncia fraude electoral en Venezuela

Los cuatro gobiernos miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) expresaron su rechazo rotundo al acto de toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero, calificándolo como «ilegítimo» y resultado de un fraude electoral, impuesto mediante el terror de Estado contra el pueblo venezolano.

Maduro, quien ocupa la presidencia desde 2013, fue juramentado en una ceremonia cuestionada por varios países, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea y varias naciones latinoamericanas. El candidato opositor, Edmundo González Urrutia, asegura haber ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio y calificó el acto de investidura como un «golpe de Estado».

Para la ADD, existen pruebas de que en las elecciones, el electorado votó de manera pacífica y masiva a favor de González Urrutia. La autoridad electoral venezolana proclamó a Maduro como ganador con un 52 % de los votos, pero hasta ahora no ha publicado el escrutinio detallado, como exige la ley. La oposición afirma que González Urrutia ganó con un 70 % del electorado.

La ADD añadió en su comunicado que continuará trabajando con la comunidad internacional para lograr una transición democrática en Venezuela que ponga fin a este periodo de opresión y las violaciones sistemáticas de derechos humanos.

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Centroamérica

EE.UU. extiende el TPS para El Salvador por 18 meses

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador por 18 meses, comenzando el 10 de marzo de 2025, con una prórroga hasta el 9 de septiembre de 2026. Así lo informó la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, en un comunicado oficial.

La última extensión del TPS para El Salvador cubría el período comprendido entre el 10 de septiembre de 2023 y el 9 de marzo de 2025, pero ha sido renovada nuevamente. La funcionaria destacó que los beneficiarios deberán reinscribirse a partir del 17 de enero y tendrán un plazo de 60 días para realizar este trámite, siempre y cuando continúen cumpliendo con los requisitos de elegibilidad para el TPS. Actualmente, aproximadamente 180,375 salvadoreños están amparados bajo este programa.

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Centroamérica

Honduras avanza en lucha contra la impunidad con juicio a exjefes militares por la muerte de un manifestante

El general Romeo Vásquez, quien lideró el golpe de Estado en Honduras en 2009 que derrocó al presidente izquierdista Manuel Zelaya, se enfrenta este viernes a la justicia, acompañado de otros dos exjefes militares, por la muerte de un manifestante durante esos días de agitación política.

Vásquez, quien era el comandante de las Fuerzas Armadas en 2009, y los otros dos generales están siendo procesados en una audiencia reservada en un tribunal en Tegucigalpa. En esta audiencia se decidirá si el proceso continúa o si los acusados son absueltos. Los tres oficiales se encuentran detenidos desde el pasado domingo.

Vásquez ha calificado el juicio como una «persecución política» en su contra. Sin embargo, la oficina en Honduras del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha considerado que este proceso representa un «avance» hacia el «acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad».

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