Familias que han perdido a sus seres queridos a causa del fentanilo, junto con varias organizaciones, decidieron retirar temporalmente su solicitud para investigar a China por su presunto papel en el comercio ilícito de este opioide, según informó el representante comercial de Estados Unidos el pasado lunes.

La coalición había solicitado medidas para abordar las prácticas «injustificadas e irrazonables» de Pekín y de entidades chinas en relación con esta sustancia, más potente que la heroína. Las organizaciones estiman que las exportaciones ilegales de fentanilo provenientes de China «han devastado y siguen devastando las comunidades, los ciudadanos y el comercio estadounidense».

Estados Unidos ha acusado a Pekín de hacer la vista gorda ante el comercio de fentanilo, que es responsable de decenas de miles de muertes anuales por sobredosis en territorio estadounidense.

La decisión de retirar la petición se produce pocos días después de que el presidente electo Donald Trump prometiera imponer aranceles adicionales a las importaciones de China debido a su supuesto papel en la epidemia de opioides. Esto ocurre también semanas antes de su regreso a la Casa Blanca. Trump también ha amenazado con aplicar aranceles del 25 % a las importaciones de México y Canadá hasta que ambos países colaboren en frenar el flujo de fentanilo y la inmigración ilegal.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contradijo al magnate, quien sostiene que las autoridades mexicanas deben hacer más para frenar la producción de fentanilo por parte de los cárteles utilizando sustancias provenientes de China. Sheinbaum, por su parte, atribuye la «epidemia» de fentanilo en Estados Unidos a un «problema de consumo y de salud pública».

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Venezuela por violar los derechos políticos, la libertad de expresión y la protección judicial del excandidato presidencial Henrique Capriles durante las elecciones de 2013, en las que se favoreció al presidente Nicolás Maduro mediante el uso del aparato del Estado.

El tribunal, con sede en Costa Rica, concluyó que las actuaciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela constituyeron un abuso del aparato estatal dirigido a favorecer al candidato oficialista, Nicolás Maduro. Además, señaló la falta de garantías en cuanto a los medios adecuados de impugnación y la transparencia del proceso electoral.

Las elecciones presidenciales, celebradas el 14 de abril de 2013, se dieron en el contexto de la muerte de Hugo Chávez, ocurrida un mes antes. Según los resultados oficiales, Capriles, quien representaba a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), obtuvo el 49,12% de los votos, mientras que Maduro, inscrito como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), alcanzó el 50,61%. Maduro se presentó como candidato pese a ejercer de presidente encargado de la República en ausencia de Chávez, lo que fue habilitado por un dictamen del TSJ que contravenía la legislación venezolana.

La CIDH destacó que los comicios se realizaron en un contexto de deterioro de la separación de poderes en Venezuela y de la independencia e imparcialidad del CNE y el TSJ. Durante la campaña, se utilizaron medios de comunicación públicos, declaraciones y movilizaciones de funcionarios del Estado, así como presiones indebidas y recursos públicos para promover a Nicolás Maduro.

La Corte lamentó que estas acciones tuvieran un impacto tan negativo en la integridad del proceso electoral, afectando los derechos políticos, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley de Capriles.

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, declaró el martes la ley marcial de emergencia con el objetivo de proteger al país de lo que calificó como las «fuerzas comunistas» provenientes de Corea del Norte y para eliminar elementos «antiestatales».

«Para salvaguardar a una Corea del Sur liberal frente a las amenazas de las fuerzas comunistas de Corea del Norte y para eliminar a los elementos antiestatales, declaro por la presente la ley marcial de emergencia», señaló Yoon en un discurso televisado en directo.

El mandatario criticó fuertemente a la oposición, acusándola de paralizar al gobierno por motivos políticos. «Sin tener en cuenta los medios de vida de las personas, el partido de la oposición paralizó el gobierno únicamente por el bien de los juicios políticos, las investigaciones especiales y para proteger a su líder de la justicia», expresó Yoon.

La declaración de ley marcial de emergencia llega en un contexto de tensiones políticas, mientras el Partido del Poder del Pueblo, liderado por Yoon, y el principal partido opositor, el Partido Democrático, continúan en desacuerdo sobre el proyecto de ley del presupuesto para el próximo año. La semana pasada, los diputados de la oposición aprobaron un plan presupuestario significativamente reducido a través de un comité parlamentario.

Yoon también criticó al Congreso Nacional, llamándolo «un refugio para criminales» y un «antro de dictadura legislativa» que busca paralizar los sistemas judicial y administrativo y derrocar el orden democrático liberal del país.