La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador concluyó este viernes la audiencia probatoria en el caso de Sigfrido Reyes, su esposa e hijo, quienes son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de enriquecimiento ilícito.

Tras el cierre de los alegatos, la Cámara convocó a ambas partes para el próximo 29 de noviembre a las 2:30 de la tarde, momento en el que se dará a conocer la resolución. La FGR ha solicitado que los acusados sean condenados a devolver al Estado $472,464.04, monto que supuestamente no lograron justificar, y que se les inhabilite por 10 años para ejercer cargos públicos.

Según la Fiscalía, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, habría incrementado su patrimonio en $459,000 de forma irregular. Asimismo, a su esposa, Susy Melba Rodríguez Hernández, se le atribuyen $12,000 y a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez, $750. El caso se fundamenta en una auditoría financiera presentada por el Ministerio Público, que sostiene que el incremento patrimonial no fue justificado ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Reyes, quien ocupó el cargo de diputado de la Asamblea Legislativa entre 2006 y 2015 por el partido FMLN y presidió el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), actualmente reside en México, donde solicitó asilo político. Por su parte, la defensa encabezada por el abogado Pedro Cruz argumentó que no se ha logrado establecer ninguna irregularidad en el patrimonio de los demandados.

El fallo determinará si Reyes y su grupo familiar deberán enfrentar las sanciones solicitadas por la Fiscalía.

El lago de Coatepeque ha registrado una disminución en la temperatura de sus aguas, un fenómeno natural que ocurre al menos dos veces al año, según indicaron técnicos de la Fundación Coatepeque. Este cambio coincide con el fin de la temporada de lluvias y el incremento de los vientos, marcando el inicio del proceso de mezcla de aguas en el cuerpo hídrico.

Especialistas de la fundación realizaron un monitoreo en las aguas superficiales y hasta una profundidad de 30 metros, registrando una temperatura actual de 26 grados centígrados, una baja en comparación con semanas anteriores. Este comportamiento es habitual en el lago y forma parte de su ciclo natural, señalaron los expertos.

Además de medir la temperatura, la Fundación Coatepeque realiza análisis periódicos sobre la calidad del agua y organiza actividades de conservación del lago, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de El Salvador. Recientemente, en colaboración con aliados, se llevó a cabo una jornada de limpieza submarina en el sector de restaurantes del bajadero La Bendición de Dios, extrayendo más de una tonelada de desechos sólidos que amenazaban la biodiversidad del lago.

Estas acciones buscan preservar el ecosistema del lago, fomentando su cuidado como recurso hídrico clave y atractivo turístico.

Un vehículo utilizado por pandilleros de la 18 para perseguir e incendiar un microbús de la ruta 140 ha sido transferido al Estado, según una resolución del Juzgado Especializado en Extinción de Dominio.

El hecho ocurrió el 2 de septiembre de 2019, a las 4:40 de la mañana, cuando los pandilleros abordaron el vehículo y comenzaron a seguir al microbús con pasajeros a bordo. Tras interceptarlo, obligaron a los ocupantes a descender y secuestraron al motorista, quien fue abandonado más tarde. El microbús fue trasladado a un área desolada cercana a la planta Nejapa Power, en Apopa, donde lo incendiaron.

La investigación inició con el análisis de cámaras de videovigilancia, las cuales captaron el momento en que el vehículo comenzó la persecución. Con esta evidencia, las autoridades lograron decomisar el automotor.

Aunque el propietario del vehículo intentó recuperarlo, argumentando que lo había arrendado verbalmente, el juez resolvió que la Fiscalía demostró que el automotor fue instrumentalizado para cometer un delito. Además, se determinó que el arrendamiento informal, sin documentos ni garantías, facilitó que los pandilleros lo utilizaran para el ataque.

El caso subraya la importancia de establecer contratos formales en los acuerdos de arrendamiento, especialmente para evitar que propiedades sean usadas en actividades ilícitas.