Las autoridades de Guatemala han reportado la expulsión de 22,636 migrantes de más de 60 países por ingreso irregular al territorio entre enero y noviembre de 2024, según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

Entre los migrantes identificados, 1,962 son niños, niñas y adolescentes, mientras que el resto corresponde a 13,873 hombres y 6,801 mujeres adultas, detallan las estadísticas oficiales.

La mayoría de las personas expulsadas son de nacionalidad venezolana, con un total de 17,653, seguidos por 1,690 colombianos y 1,042 ecuatorianos. En cuanto a migrantes centroamericanos, 571 ingresaron de forma irregular, siendo los hondureños la mayoría con 369 casos.

Además, a 3,381 extranjeros se les negó el ingreso al país en los primeros diez meses del año por no cumplir con los requisitos legales. De este grupo, 291 eran menores de edad.

Guatemala, debido a su ubicación estratégica, se ha convertido en un corredor natural para migrantes, principalmente suramericanos, que buscan llegar a México y posteriormente a Estados Unidos.

Como parte de su objetivo de expandir las relaciones diplomáticas, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha proyectado abrir la segunda embajada de El Salvador en el continente africano. La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, informó que la embajada será en Egipto y que ya se cuenta con la anuencia del país africano para iniciar el proceso. Este proyecto será parte de la estrategia de cooperación para fomentar proyectos de desarrollo para el país.

«En materia de política exterior tenemos perfilado abrir la segunda embajada en África. Actualmente, solo tenemos una, que está en Marruecos, y fue inaugurada también bajo la administración del presidente Bukele. Para 2025, estaremos abriendo nuestra embajada en Egipto. Ya tenemos la aprobación de dicho país para realizarlo y estamos avanzando en el trámite administrativo», detalló Mira.

Este anuncio se realizó durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, en el marco del análisis del proyecto de ley del presupuesto general del Estado para el próximo año.

La viceministra también destacó que, solo en este año, El Salvador ha abierto tres embajadas en Oriente Medio: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Según Mira, Oriente Medio es una región de gran potencial económico para El Salvador, y ya se ha logrado colocar un financiamiento significativo para la construcción de una planta de potabilización en el río Acehualte, un proyecto clave que se desarrolla en colaboración con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL).

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador prevé atraer inversiones por más de $110 millones durante el próximo año, como resultado de las acciones que se impulsarán en 2025. La vicecanciller, Adriana Mira, presentó esta proyección a los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, durante su intervención este martes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene asignados $45,492,968 en el presupuesto general del Estado, actualmente en revisión por la comisión. De este monto, se destinarán $17,563,870 para atender a la diáspora y la movilidad humana, $21,365,650 para la administración de la política internacional e integración, $482,795 para el Programa de Transformación del Clima de Negocios de El Salvador, $129,365 para la administración del Instituto de Formación Diplomática Doctor José Gustavo Guerrero, y $5,951,288 para la administración y dirección institucional.

Mira destacó que, mediante diplomacia económica, se espera atraer más de $110 millones, sumando también $5.5 millones adicionales por exportaciones de productos salvadoreños. Resaltó que esta proyección es fruto del trabajo coordinado con las embajadas y consulados del país, así como de las 23 consejerías económicas que se enfocan en promover productos salvadoreños y atraer inversiones extranjeras.

Además, la vicecanciller informó que este año ya se han concretado $111.5 millones en inversiones y captado $83 millones en financiamiento para proyectos de gran envergadura, especialmente en el área de infraestructura, a través de organismos multilaterales.