Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, presentó una reforma migratoria que busca imponer mayores restricciones en el ingreso y salida del país, además de sancionar con cárcel y pérdida de nacionalidad a quienes sean acusados de intentar desestabilizar al gobierno.

La propuesta, que será ratificada por el Parlamento oficialista, incluye penas de hasta seis años de prisión para quienes crucen ilegalmente las fronteras con fines de «conspiración» o «desestabilización económica». Asimismo, refuerza las recientes modificaciones constitucionales que autorizan la pérdida de nacionalidad por «traición a la patria».

Aunque esta disposición no formaba parte de la ley previamente, el gobierno ha despojado de su nacionalidad a más de 450 opositores, incluidos periodistas, empresarios y activistas.

La reforma se suma a una serie de ajustes legales impulsados por Ortega para consolidar su control, en vísperas de una nueva legislatura que fortalecerá su dominio absoluto sobre el Estado.

En medio de un estricto operativo de seguridad, 15 reclusas pertenecientes a la pandilla Barrio 18 comparecieron este martes en la Corte Suprema de Justicia de Honduras, donde enfrentan cargos por el asesinato de 46 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en 2023.

Vestidas con uniformes anaranjados y esposadas, las acusadas fueron escoltadas por decenas de militares y policías hasta la sala penal en Tegucigalpa. Se les imputa haber disparado y quemado a las víctimas en sus celdas el 20 de junio de 2023, en la prisión femenina de Támara, ubicada a 25 kilómetros de la capital.

La masacre es parte de las violentas disputas territoriales entre las pandillas Barrio 18 y MS-13, conocidas por sus actividades de tráfico de drogas y extorsión que afectan a la región centroamericana.

Según Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, el juicio comenzó el lunes de manera virtual y continuó este martes con las audiencias orales y públicas. La fiscalía aseguró que presentará 97 pruebas, entre documentales, testimoniales y periciales, para sustentar la acusación.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que las audiencias concluirán el viernes, y la sentencia se espera en los próximos días.

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CEL

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, inauguró ayer la Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED) 2024, un espacio de diálogo y reflexión sobre los avances en diversos ámbitos del desarrollo de El Salvador.

La actividad, que reúne a funcionarios, panelistas internacionales, representantes de distintos sectores sociales y estudiantes universitarios, marca un momento de análisis sobre la transformación del país. Durante su intervención, Ulloa destacó que el triunfo electoral del presidente Nayib Bukele en 2019 representó un punto de inflexión para la política nacional.

«El presidente Bukele recibió un Estado fallido, marcado por la corrupción. Hoy, El Salvador es reconocido como el país más seguro del hemisferio occidental», afirmó Ulloa. También subrayó el impacto del Plan Control Territorial (PCT), que permitió a los salvadoreños recuperar su libertad frente al control de las pandillas.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, enfatizó que el PCT ha devuelto la soberanía al pueblo, permitiendo a los ciudadanos transitar libremente por el país sin temor a la delincuencia.

La CIED 2024 concluirá esta tarde tras dos jornadas de debates y análisis.

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