Internacionales
Fiscalía se dispone a pedir pena de prisión contra vicepresidenta argentina Kirchner
AFP
La fiscalía argentina se dispone este lunes a pedir una pena de prisión contra la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por supuesta corrupción cuando fue mandataria (2007-2015), una acusación que según sus seguidores constituye una persecución para inhabilitarla políticamente.
Kirchner, que tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado, es juzgada desde 2019 junto con otras doce personas en una causa en la que se le acusa de haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez.
El fiscal Sergio Mola abrió el lunes la novena y última audiencia de alegatos de acusación con un repaso de los detalles de la causa en la que declararon más de un centenar de testigos.
En la sesión, que se desarrolla de manera remota, Mola consideró que los acusados «trazaron un plan» que buscaba defraudar al Estado mediante «la discrecionalidad en la utilización de los fondos».
«Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de doce años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho», aseveró el fiscal en su alegato final.
La causa abarca también el periodo de gobierno anterior de 2003-07, cuando fue presidente su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
– Derecho de palabra –
Kirchner, una abogada de 69 años, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que «en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas», según escribió en Twitter.
Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, dijo que la solicitud de la exmandataria busca asegurar su «derecho a una defensa legítima en juicio», pese a que la etapa indagatoria ya terminó.
«Los fiscales (Diego) Luciani y Mola están saliéndose del estado de derecho y construyendo un relato mediático para que la sociedad tenga un sentido común y crea que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de una asociación ilícita para direccionar la obra pública», declaró el abogado.
Anteriormente, Kirchner había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como el fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.
Los delitos por los que se acusa a Kirchner -liderar una asociación ilícita y defraudar al Estado- implican una pena de hasta 16 años de cárcel y la inhabilitación política.
Pero para que la sentencia sea ejecutada ésta tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aún si es condenada, Kirchner seguiría en libertad y podría ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023.
Luego de cerrada la acusación de la fiscalía, la defensa tiene 10 días hábiles para iniciar la exposición de su descargo para los 13 acusados, lo que puede demorar varios meses. Se estima que el veredicto se conocerá hacia fin de año.
– «Persecución» –
En medio de la polarización política y ante el proceso electoral del próximo año, diversas agrupaciones del peronismo de centro-izquierda, cercanas a la vicepresidenta, denuncian una persecución.
El domingo una carta pública firmada por más de medio millar de alcaldes respaldó a Kirchner, a quien consideraron «víctima de una persecución judicial». También diputados del oficialista Frente de Todos, y otros referentes políticos y culturales lanzaron comunicados de respaldo.
Hebe de Bonafini, líder de la organización de defensa de los derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, llamó a movilizaciones.
«No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo», aseveró la semana pasada.
La vicepresidenta ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales, pero aún enfrenta cinco procesos.
Internacionales
Brasil concede asilo humanitario a Nadine Heredia, ex primera dama de Perú
El gobierno de Brasil otorgó asilo por razones humanitarias a Nadine Heredia, ex primera dama de Perú, quien fue condenada recientemente a 15 años de prisión por lavado de dinero en su país.
Heredia llegó este miércoles a Brasil junto a su hijo menor, tras la sentencia que también condenó a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, quien fue enviado a prisión.
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, explicó que la decisión se tomó luego de evaluar la situación médica y familiar de Heredia. “Fue operada recientemente por un problema grave en la columna vertebral y está en recuperación. Necesita continuar con su tratamiento y llegó acompañada de su hijo menor”, dijo el canciller en una entrevista con la cadena Globo.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedió el asilo diplomático amparado en «criterios humanitarios».
Internacionales
Culpable: inmigrante salvadoreño condenado por el asesinato de Rachel Morin
Un jurado encontró culpable a Víctor Martínez-Hernández, un inmigrante salvadoreño de 24 años, por el asesinato de Rachel Morin, madre de cinco hijos, ocurrido en agosto de 2023 mientras caminaba por el sendero Ma & Pa Trail, en Bel Air, Maryland.
Martínez-Hernández fue declarado culpable de homicidio premeditado, violación en primer grado y otros delitos graves, según confirmó Randolph Rice, abogado de la familia de la víctima. “La familia Morin está muy aliviada de que hoy se haya hecho justicia”, expresó el letrado en un comunicado.
Las autoridades sostenían que el acusado planeó el ataque, y esperaban los resultados de ADN que finalmente lo vincularon directamente con el crimen. Morin, de 37 años, fue vista por última vez mientras hacía ejercicio en la popular ruta de senderismo. Su desaparición causó conmoción en la comunidad de Bel Air, una zona suburbana al noreste de Baltimore.
Martínez-Hernández, quien ingresó ilegalmente a Estados Unidos, también es sospechoso de haber cometido un homicidio en El Salvador y está relacionado con un caso de invasión de propiedad ocurrido en Los Ángeles en 2023. Fue arrestado el verano pasado en Oklahoma, pero al momento del crimen vivía en Bel Air.
El asesinato de Rachel Morin se convirtió en un tema político durante la campaña presidencial de 2024, siendo citado por Donald Trump como un ejemplo de la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza y aplicar deportaciones masivas.
Internacionales
Harvard podría perder su estatus fiscal si “no actúa en interés público”, advierte Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su disputa con la Universidad de Harvard, al amenazar con retirarle su estatus de exención de impuestos, tras la negativa de la institución a modificar sus políticas, como él había exigido.
“Quizás Harvard debería perder su exención de impuestos y ser gravada como entidad política si sigue impulsando la ‘enferma’ política, ideológica y de inspiración/apoyo terrorista”, escribió Trump en su red social Truth Social. “¡Recuerden, el estatus de exención de impuestos depende totalmente de actuar en INTERÉS PÚBLICO!”
Eliminar dicha exención representaría un duro golpe financiero para Harvard. Actualmente, la universidad goza de beneficios como no pagar impuestos por sus propiedades educativas y emitir bonos con intereses libres de impuestos federales, lo cual facilita su financiamiento.
Además, las donaciones hechas por exalumnos pueden ser deducidas de impuestos, lo que constituye un fuerte incentivo para apoyar económicamente a la institución. Solo en el año fiscal 2024, Harvard recibió 528 millones de dólares en donaciones de uso corriente.
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