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Centroamérica

Costa Rica pide justicia a Honduras por una desaparición forzada en 1981

AFP

Costa Rica pidió este martes justicia en el caso de uno de sus ciudadanos víctima de desaparición forzada en Honduras en 1981, presuntamente por su militancia política, según explicó el embajador en Tegucigalpa.

«Costa Rica está acompañando a la señora Gabriela Jiménez en la denuncia que presentó hoy [martes] por la desaparición de su marido, el también ciudadano costarricense Eduardo Anibal Blanco Araya», dijo a la AFP el embajador Mauricio Herrera.

El embajador pidió una «investigación exhaustiva, seria, sistemática, metódica, que nos pueda dar luz acerca de qué le pasó a Eduardo (..) para que se haga justicia».

La esposa de la víctima acusó a las autoridades hondureñas de aquella época de secuestrar a su esposo y desaparecerlo.

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Al borde el llanto, Jiménez relató en una rueda de prensa que su esposo, un estudiante de sociología de la Universidad de Costa Rica y participante en actividades de solidaridad con otros pueblos de Centroamérica, «fue desaparecido por fuerzas de seguridad del Estado hondureño el 14 de noviembre de 1981», cuando ella tenía 20 años y él, 23.

«Anibal salió de nuestra casa en la colonia 15 de septiembre [sur de Tegucigalpa] y no regresó nunca más. Horas después de haberse ido tres o cuatro hombres armados llegaron a nuestra casa y se identificaron como agentes de una agencia de seguridad del Estado hondureño», añadió.

«Dijeron que buscaban armas, registraron la casa y no encontraron nada», subrayó.

Herrera dijo que el cónsul de entonces, Antonio Carrillo, pidió a la familia que le llevaran ropa y su pasaporte porque estaba detenido en la sede central de la policía en Tegucigalpa.

Después les devolvió las pertenencias y supo por otras fuentes que Blanco estuvo sometido a torturas en una cárcel clandestina.

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Según un informe del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), 184 personas fueron desaparecidas en la década de los 80 en Honduras por pertenecer a grupos de izquierda.

Los responsables fueron escuadrones de la muerte organizados por la Central de Inteligencia Americana (CIA) para combatir los movimientos revolucionarios en Centroamérica en el marco de la guerra fría.

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Centroamérica

Autoridades de Guatemala rescatan a 160 niños de propiedad de la secta Lev Tahor

Las autoridades de Guatemala anunciaron el rescate de 160 niños de una propiedad de la secta , grupo judío ultraortodoxo acusado de violencia sexual contra menores.

«La operación permitió rescatar a 160 menores que presuntamente fueron víctimas de abusos por parte de un miembro de la secta Lev Tahor», dijo el ministro Francisco Jiménez.

El rescate se logró tras el registro del inmueble en el municipio de Oratorio, Santa Rosa, a unos 60 kilómetros de la capital, donde la secta se estableció en 2016, añadió el ministro del Interior.

El operativo se llevó a cabo después de recibir múltiples denuncias.

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Centroamérica

Nayib Bukele, el líder mejor evaluado en América Latina por segundo año consecutivo

El presidente Nayib Bukele se mantiene como el líder mundial mejor evaluado, según el último estudio de Latinobarómetro, que analiza la opinión pública en 18 países de América Latina. Por segundo año consecutivo, Bukele encabeza la lista de líderes más valorados, con una calificación general de 7.7.

El estudio revela que el mandatario salvadoreño obtiene calificaciones superiores a 6.1 en la mayoría de los países de la región, destacando especialmente en Honduras, donde su evaluación llega a 9.1, la más alta en América Latina. Otras calificaciones sobresalientes se registran en Panamá (8.8), Paraguay y Guatemala (8.6), y Ecuador y Costa Rica (8.5). En su país natal, El Salvador, recibe una nota de 8.2.

Sin embargo, la popularidad de Bukele varía significativamente entre los países, obteniendo las calificaciones más bajas en Brasil (4.2), seguido de Uruguay (6.1), Chile (6.3), México y Argentina (6.5), y Colombia (7.2).

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Centroamérica

Endurecen penas por conducción peligrosa en El Salvador

La Asamblea Legislativa aprobó reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal para endurecer las sanciones contra el delito de conducción peligrosa, en una iniciativa impulsada por la Presidencia de la República para garantizar la seguridad de los salvadoreños frente a conductores irresponsables.

La nueva normativa establece cero tolerancia al consumo de alcohol y estupefacientes al conducir, prohíbe manejar bajo cualquier grado de influencia de estas sustancias y aumenta las penas de cárcel asociadas a tragedias viales causadas por esta conducta.

En la reforma al artículo 147-E del Código Penal, las penas para percances con vehículos automotores livianos aumentan de 1-3 años a 2-5 años de prisión. En accidentes con transporte público o pesado, las sanciones se incrementan de 5-10 años.

Además, si las tragedias implican homicidio culposo o lesiones graves, las penas alcanzan un máximo de 10 años para accidentes con vehículos livianos y hasta 15 años para transporte colectivo o de carga.

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