Esta semana, varios ucranianos que residen legalmente en Estados Unidos bajo un programa de libertad condicional humanitaria de la administración Biden recibieron un aviso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) instándolos a abandonar el país, lo que causó pánico entre ellos. El mensaje, recibido el jueves, indicaba que la libertad condicional de los destinatarios expiraría en siete días y advertía: «Es hora de que salgan de Estados Unidos», añadiendo que si no lo hacían, el gobierno federal los encontraría.

Sin embargo, al día siguiente, los afectados fueron informados de que el mensaje había sido enviado por error. En una nueva comunicación, el DHS aclaró que no se tomarían las acciones anunciadas previamente y que los términos de la libertad condicional de los ucranianos seguirían siendo los mismos por el momento.

Este error en la comunicación ocurre en medio de una administración estadounidense bajo el liderazgo de Donald Trump, que ha implementado políticas enérgicas contra la inmigración, incluida la deportación de inmigrantes acusados de pertenecer a pandillas y la detención de activistas estudiantiles y críticos de Israel que están legalmente en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó a CNN que el mensaje enviado a los ucranianos fue un error y que no se ha cancelado el programa de libertad condicional. Un portavoz indicó que no hay planes para finalizar el programa, que fue suspendido en enero, poco después de que Trump asumiera la presidencia.

Una disidencia de la guerrilla colombiana ELN, que actualmente negocia la paz con el gobierno de Colombia, entregó casi 600 bombas en un gesto de buena voluntad hacia la firma de la paz. Este acto tuvo lugar el sábado, cuando el presidente Gustavo Petro, en un evento público, ordenó la destrucción de los explosivos en una zona montañosa del país.

Este traspaso de material de guerra es un paso dentro del proceso de negociación con los Comuneros del Sur, un pequeño grupo disidente con el que el gobierno colombiano lleva negociando desde septiembre, como parte de su política de «Paz Total». Sin embargo, este acercamiento ha generado fuertes críticas dentro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal guerrilla de Colombia, que se ha mostrado contrario a los esfuerzos del gobierno de Petro.

La entrega de los explosivos se formalizó en un acto en el coliseo de Pasto, en el departamento de Nariño, en el suroeste del país. En la ceremonia participaron diplomáticos, representantes de la OEA, miembros de la Iglesia católica, así como delegados del ELN. Tras una intervención del presidente Petro, quien habló durante más de una hora, ordenó al Ejército proceder con la destrucción de las bombas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este sábado que no reconoce como legítimo al mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien asumió en enero un tercer mandato tras unas elecciones ampliamente cuestionadas. Sin embargo, advirtió que el aislamiento económico no es la vía para resolver la situación en Venezuela.

«Yo no reconocí el Gobierno de Maduro y no lo reconozco, pero creo que la solución no es bloquear más a Cuba y a Venezuela. Están mandando al hambre a los pueblos y los pueblos no se dejan morir de hambre», expresó Petro durante un acto oficial en Pasto, capital del departamento de Nariño.

Desde comienzos de enero, el Gobierno colombiano ha sostenido que no hubo elecciones libres en Venezuela y, por lo tanto, no reconoce a Maduro como presidente. No obstante, ha optado por mantener relaciones diplomáticas con el país vecino.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria venezolana, denunció fraude en los comicios de julio y asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero ganador. Según la PUD, cuenta con el respaldo del 85,18 % de las actas recolectadas por testigos y miembros de mesa durante el proceso electoral.