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Internacionales

El Congreso de Perú destituye al presidente Castillo tras ignorar orden de disolución

Foto: Cris Bouroncle / AFP

| Por AFP | Carlos Mandujano y Luis Jaime Cisneros |

El Congreso de Perú destituyó el miércoles al presidente Pedro Castillo por «incapacidad moral» y juramentó en su lugar a la vicepresidenta, en una catarata de dramáticos anuncios en este país que padece de inestabilidad política crónica.

Castillo empezó la jornada como presidente y la terminó lejos del poder, bajo detención policial por el delito de rebelión tras un intento fallido de disolver el parlamento.

Horas antes de que el Congreso debatiera su tercer intento para sacarlo del poder en 16 meses, Castillo anunció el miércoles que era blanco de «un ataque sin cuartel» por parte del parlamento y anunció su disolución, un toque de queda y dijo que gobernaría por decreto.

Sin embargo, las fuerzas armadas y la policía no lo apoyaron, y el Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirlo.

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La vicepresidenta Dina Boluarte, una abogada de 60 años, fue juramentada como jefa de Estado y dijo que gobernará hasta julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo. Será la primera mujer en presidir Perú.

Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, anunció que «hay una comisión de un hecho en flagrancia» y que Castillo «está en calidad de detenido».

Una fuente de la fiscalía dijo a la AFP que Castillo es investigado por el delito de «rebelión».

El presidente caído fue trasladado a una base policial en el este de Lima desde la Prefectura donde permanecía detenido. En ese lugar cumple su condena a prisión el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

En simultáneo, la fiscalía ingresó la noche del miércoles a la sede de palacio de gobierno y ministerios para allanar el despacho presidencial en busca de más pruebas de las investigaciones por corrupción.

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«¡No era presidente; era un delincuente!», gritaban opositores frente a la sede policial.

Desde que asumió la presidencia en julio de 2021, Castillo vivió bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta «organización criminal» que reparte contratos públicos a cambio de dinero.

La salida del izquierdista, que tenía un rechazo de 70% según sondeos recientes, fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas.

Tras su destitución, el portavoz del departamento de Estado estadounidense, Ned Price, calificó rápidamente a Castillo de «expresidente» y estimó que los congresistas peruanos tomaron «medidas correctivas» de acuerdo con las reglas democráticas.

Autogolpe

Tras el mensaje de Castillo a la nación, la entonces vicepresidenta Boluarte, altos funcionarios y analistas denunciaron un golpe de Estado.

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«Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional», dijo Boluarte en Twitter.

«Hoy se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso, el Perú quiere vivir en democracia. Este golpe de Estado no tiene ningún fundamento jurídico», dijo a la radio RPP el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales.

La fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su «rechazo de manera enfática» a «todo quebrantamiento del orden constitucional».

Para el analista político Augusto Álvarez, no hay duda de que es «un autogolpe».  

«El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe», dijo a la AFP.

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Varios cientos de manifestantes a favor y en contra del presidente se concentraron frente al Parlamento.

«Ya estamos cansados de este gobierno corrupto, de este gobierno que estaba robando desde el primer día. Ahora toca (sacar a) Dina Boluarte», dijo a la AFP Johana Salazar, una trabajadora de 51 años.

«No puede disolver el Congreso, lo ha cerrado sin ningún motivo, se va a ir a la cárcel. Lo siento por él y su familia», señaló la comerciante Roxana Torres, de 48 años.

«Que la vicepresidenta Boluarte trabaje bien, que se rodee de gente que la asesore bien», pidió por su lado Ricardo Palomino, un ingeniero en sistemas de 50 años que calificó de «totalmente inaceptable e inconstitucional» lo ocurrido.

Pero Sissy, una obrera municipal de 50 años que no quiso dar su apellido, pidió «respetar el voto del pueblo». 

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«Desde que entró el presidente lo han humillado, no han aceptado a un presidente de provincias, el pueblo no es Lima, es todo el Perú, por eso no vamos a permitir» que saquen a Castillo, exclamó indignada.

Ola de renuncias

Después de que Castillo anunciara que disolvería el Congreso varios ministros y funcionarios de organismos internacionales presentaron su renuncia al cargo en las redes sociales y en declaraciones a la prensa.

El embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth Mejía, anunció en Washington su dimisión debido a «la ruptura (…) del orden constitucional».

«A partir de hoy Castillo está en la triste fila de los dictadores», dijo a la misma radio el expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016).

El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.

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Procesos similares en el Congreso forzaron la caída de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020. Fujimori fue destituido por el Congreso en noviembre de 2000.

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Internacionales

Migrantes de Tapachula inician su marcha a EE.UU. antes de que Trump asuma el poder

Este miércoles, cientos de migrantes salieron de Tapachula, en el sur de México, con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos antes de la toma de posesión de Donald Trump, quien ha prometido deportaciones masivas tan pronto como asuma el cargo el 20 de enero.

El grupo, compuesto por unas 1,500 personas, partió durante la madrugada desde esta localidad del estado de Chiapas, considerada la puerta de entrada de migrantes que atraviesan México en busca de llegar a EE.UU..

Yamel Enríquez, un migrante colombiano, expresó su preocupación: «Mi mentalidad es llegar, que me salga la cita antes de que él agarre (el poder)», en referencia a las solicitudes de asilo que los migrantes gestionan a través de la aplicación móvil CBP One, habilitada por las autoridades estadounidenses. «Y si no me sale la cita antes que él agarre, me entrego a lo que Dios quiera», añadió.

Zuleika Carreño, una migrante venezolana, compartió el mismo temor: «Uno de los motivos por los que estoy caminando es eso, el miedo a quedarme en este lado (de la frontera con Estados Unidos) y que toda esta caminata haya sido en vano».

Trump, quien asumirá la presidencia el próximo 20 de enero, ha prometido declarar un estado de emergencia en EE.UU. y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes, lo que ha generado un aumento en la ansiedad de aquellos que se encuentran en tránsito hacia el norte.

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Internacionales

Texas prepara terrenos para centros de detención de migrantes en apoyo a las políticas de Trump

Las autoridades de Texas han ofrecido al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, más de 500 hectáreas de terreno cerca de la frontera con México, con el objetivo de construir centros de detención para migrantes, en el marco de sus políticas de deportación masiva que implementará tras su toma de posesión en enero.

En una carta enviada al magnate por la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, fechada recientemente, la funcionaria expresó estar «totalmente preparada» para llegar a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sobre el uso de este terreno para el nuevo proyecto.

El terreno, ubicado en Río Grande, fue adquirido por el gobierno estatal el 23 de octubre con la intención inicial de construir un muro en la frontera, aunque el anterior propietario se negó a permitir la obra, según informó la cadena ABC News.

Por su parte, Trump compartió en su cuenta de Truth Social, el lunes pasado, un mensaje de Tom Fitton, líder del movimiento conservador Judicial Watch, en el que se menciona la posibilidad de declarar una emergencia nacional para disponer de recursos militares y avanzar con su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas.

Actualmente, aproximadamente 11 millones de personas viven y trabajan en Estados Unidos en situación irregular. La propuesta de deportación masiva de Trump podría afectar a cerca de 20 millones de familias, según datos proporcionados por el portal Axios.

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Economía

Donald Trump y su efecto cripto: el bitcoin se dispara a niveles nunca vistos

El bitcoin alcanzó un máximo histórico al superar los 94,000 dólares, impulsado por reportes que sugieren que la empresa de medios sociales de Donald Trump, Trump Media and Technology Group, está en conversaciones para adquirir Bakkt, una firma de comercio de criptomonedas respaldada por Intercontinental Exchange, propietaria de la NYSE.

La criptomoneda más grande del mundo ha duplicado su valor en 2024, cotizando el miércoles en 93,521 dólares, tras tocar un pico de 94,078 dólares en las primeras horas del día en Asia.

El interés aparente del expresidente Trump en el sector ha generado expectativas de un entorno regulatorio favorable para las criptomonedas durante su gobierno entrante. Stéphane Ouellette, CEO de FRNT Financial, comentó: “El apoyo de Trump a las criptomonedas a nivel personal ha aumentado el optimismo de que serán una prioridad en su administración”.

Además, informes recientes del Wall Street Journal señalaron reuniones privadas entre Trump y el CEO de una importante plataforma de intercambio de criptomonedas, lo que ha fortalecido aún más la confianza del mercado.

Por otro lado, el debut de las opciones sobre el ETF de bitcoin al contado de BlackRock en el Nasdaq ha sido exitoso, con una relación alcista de compra-venta de 4,4:1, según datos de QCP Capital. Este dinamismo podría influir positivamente en los volúmenes de negociación de productos cotizados en bolsa relacionados con bitcoin, según J.P. Morgan.

Desde las elecciones del 5 de noviembre, las criptomonedas han experimentado un repunte significativo, en medio de apuestas del mercado por un régimen cripto-amigable con menos restricciones regulatorias bajo Trump.

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