Centroamérica
Guatemala abre disputa diplomática al acusar a ministro colombiano

19 de enero | Por AFP | Edgar Calderon |
La cuestionada persecución judicial en Guatemala contra exfiscales y exfuncionarios anticorrupción abrió una disputa diplomática con Colombia y la ONU, que se suma a otra con Estados Unidos por la misma causa.
El conflicto estalló el lunes cuando el fiscal Rafael Curruchiche anunció un proceso contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales mientras dirigía la CICIG, una comisión antimafias de la ONU en Guatemala, de 2013 a 2019.
De inmediato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a su embajadora Victoria González y «en reciprocidad» Guatemala hizo lo mismo al día siguiente con su representante en Bogotá, Reagan Vega.
Velásquez «demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga», tuiteó el mandatario colombiano.
En respuesta, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, de gira en España, calificó como «un error de guerrillero» la reacción del gobernante izquierdista colombiano, pero Estados Unidos y la ONU también condenaron la acusación contra Velásquez.
Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó «una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se está ejerciendo la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala», según su portavoz, Farhan Haq.
«Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, sean los que están siendo perseguidos y procesados», dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.
«Ninguna prueba»
La acusación contra el exjefe de la CICIG (Comisión la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que operó de 2007 a 2019) se suma a una seguidilla de arrestos de exfuncionarios de esta misión internacional y de fiscales guatemaltecos anticorrupción.
«Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala», escribió en Twitter el martes el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
La fiscalía guatemalteca acusa a Velásquez de haber avalado, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de «colaborador eficaz» de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.
Pero Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, estima que el caso contra Velásquez «es espurio», pues «realmente se basa en ninguna prueba».
«El Ministerio Público [Fiscalía] ha perdido totalmente el camino, el mandato legal por el que ha sido creado. Lejos de perseguir los delitos se han vuelto prácticamente un bufete de defensa pública para las personas que han sido señaladas de corrupción», afirmó Cux a la AFP.
La CICIG, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, junto a la fiscalía local develó varios escándalos de corrupción en el país centroamericano.
El caso de mayor impacto involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.
En 2021, luego de que comenzara la cruzada contra los fiscales anticorrupción en Guatemala, Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, a quien incluyó en su listado de «corruptos y antidemocráticos» y le prohibió el ingreso a Estados Unidos.
La fiscalía guatemalteca afirmó que «es una institución autónoma e independiente» y que las críticas internacionales son un intento «de incidir en su labor de investigación, la cual se fundamenta en la Constitución y las leyes guatemaltecas».
Pero sus argumentos no convencen a la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, quien asegura que la acusación contra Velásquez debilita la lucha contra la corrupción.
Además, destaca que esta causa «no tiene ningún sentido», porque Velásquez «goza de inmunidad a perpetuidad por sus acciones, opiniones y criterios expresados en el desempeño de sus cargos», según una ley aprobada por el Parlamento.
El portavoz de Guterres también recordó que la inmunidad de los exfuncionarios de la CICIG «continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos».
«Acá hay una articulación de parte de las fuerzas que están en contra de la lucha contra la corrupción tanto en Guatemala como en Colombia», expresó Ibarra a la AFP.
Explicó que la cruzada contra la CICIG comenzó en 2017 bajo el gobierno del presidente Jimmy Morales (2016-2020), pero Giammattei «prosiguió y profundizó la línea».
Centroamérica
ASI evalúa impacto y oportunidades tras anuncio de aranceles de Trump

El Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de nuevos aranceles a 185 países en lo que denominó «El Día de la Liberación». Entre las naciones afectadas se encuentra El Salvador, al que se aplicará un 10 %, al igual que otros países de América Latina como Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Guatemala y Honduras.
Frente a esta medida, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, indicó que la gremial ha iniciado un análisis para determinar su impacto en el sector productivo. No obstante, señaló que también podrían surgir oportunidades para el país, especialmente porque China, uno de los principales proveedores del mercado estadounidense, enfrentará un arancel del 34 %, sumado a un 20 % previo.
«El impacto debe medirse por sector, pero es importante destacar que China, que era nuestro principal competidor en EE.UU., ahora tiene un 26 % más de impuestos que nosotros. Aunque El Salvador tenga un 10 %, otros países como Japón, Colombia y Nicaragua tienen aranceles más altos, lo que podría representar una ventaja competitiva para nuestra industria», explicó Arriaza.
Asimismo, resaltó que esta medida podría generar atracción de inversión extranjera, ya que países vecinos como Nicaragua tendrán un arancel del 18 %, lo que podría motivar a algunas empresas a trasladar sus operaciones a El Salvador.
«Hay aspectos positivos y negativos, pero en comparación con otras naciones de la región, El Salvador podría salir beneficiado. Empresas que operan en Nicaragua podrían considerar establecerse en nuestro país debido a las condiciones más favorables», agregó el presidente de la ASI.
La gremial industrial informó que en una semana presentarán un análisis completo sobre el impacto de los nuevos aranceles y esperan recibir mayor claridad sobre su aplicación, especialmente porque Centroamérica mantiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU.
Además, Arriaza expresó que la ASI espera que el presidente Nayib Bukele aborde la relación comercial con su homólogo Donald Trump durante el encuentro programado para el 14 de abril.
«Respaldamos totalmente los acuerdos que puedan surgir de esta reunión y esperamos que el comercio sea uno de los temas centrales», concluyó.
Con este panorama, el sector industrial salvadoreño se mantiene a la expectativa, evaluando estrategias para minimizar el impacto de los aranceles y capitalizar las oportunidades que puedan surgir en el mercado estadounidense.
Centroamérica
Bukele inaugura Surf City 2

El presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró oficialmente Surf City 2, un ambicioso proyecto de infraestructura impulsado por el Gobierno para potenciar el turismo y dinamizar la economía en la zona costero-marina del oriente de El Salvador.
Esta moderna carretera de doble carril, con una extensión de 13 kilómetros, conecta a miles de personas con 11 playasde la región oriental: El Cuco, Las Flores, La Vaca, El Toro, El Majague, El Carrizal, Punta Mango, La Periquera, El Floral, El Bonjo y El Abrojal.
La primera fase de Surf City 2 requirió una inversión de $41 millones e incluye mejoras clave como una ciclovía, cableado subterráneo, iluminación LED, 10 paradas de buses, siete puentes y dos miradores con parqueos para vehículos y bicicletas.
«Este gran proyecto beneficiará a toda la zona oriental del país. Se han invertido varias decenas de millones de dólares para tener esta carretera hermosísima, con ciclovía, iluminación y miradores para disfrutar la belleza natural de El Salvador», destacó el mandatario.
El Gobierno busca con este proyecto mejorar la infraestructura vial, fortalecer la conectividad en la costa y fomentar el desarrollo social y turístico en Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión.
«Estoy seguro de que Surf City 2 será una gran competencia para Surf City 1. Qué bueno que, en lugar de competir con otros países, lo hagamos entre nosotros mismos, trayendo desarrollo a cada rincón del país», agregó Bukele.
Además de la carretera, la iniciativa incluyó proyectos de beneficio comunitario, como la renovación y entrega de una unidad de salud básica en mayo de 2024 y la inauguración en agosto de un centro escolar en el caserío Agua Fría. Actualmente, también avanza la construcción de otro centro escolar en El Carrizal.
Con Surf City 2, El Salvador continúa consolidándose como un destino turístico de clase mundial, impulsando el desarrollo sostenible y la modernización de su infraestructura.
Centroamérica
Óscar Arias, expresidente de Costa Rica, pierde su visa estadounidense tras criticar al gobierno de Trump

Este martes, se informó que el gobierno de Donald Trump canceló la visa estadounidense al expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien ha sido un firme crítico del actual mandatario de la Casa Blanca. Arias, quien presidió el país centroamericano en dos periodos, primero de 1986 a 1990 y luego de 2006 a 2010, expresó su sorpresa ante la medida, pero reafirmó su postura de seguir siendo un crítico del gobierno de EE. UU.
En respuesta a la cancelación, Arias dijo: «Crítique al gobierno de EE. UU., tanto al actual como al pasado», y aseguró que, a pesar de perder la visa, continuará denunciando lo que considera injusticias, especialmente en temas de migración. «La pobreza no necesita pasaporte para viajar, ni con un muro ni con un mar de por medio», agregó el ganador del Premio Nobel de la Paz en 1987.
Aunque la cancelación de su visa sorprendió a Arias, recordó que lleva más de 50 años siendo un crítico del gobierno estadounidense en cuestiones relacionadas con la migración.
Arias no es el primer exmandatario centroamericano en ser privado de su visa estadounidense; sin embargo, en casos previos, los afectados generalmente estaban involucrados en procesos judiciales por corrupción en sus países. Además de Arias, el gobierno de Trump también revocó las visas de varios diputados costarricenses, incluidos Francisco Nicolás (PLN), Vanessa Castro (social cristiana), y los independientes Johanna Obando y Cynthia Córdoba, según reportes de medios locales.
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