Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido

27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
El Salvador destruye 1,535 kilos de cocaína incautada a tres ecuatorianos con un valor de $38.5 millones

Con el aval del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, se procedió este viernes a la destrucción de 1,535 kilos de cocaína, con un valor estimado de $38,589,900. La incineración del cargamento fue realizada por la Fiscalía General de la República, en colaboración con la División Antinarcóticos y la Superintendencia de Regulación Sanitaria.
El alijo de droga fue incautado a tres ciudadanos ecuatorianos: Yhonny Perfiliano Mero Mero, Manuel Orlando Cuevas Delgado y Diego Fabián Velásquez Catagua, quienes fueron detenidos el 4 de marzo de 2025, a 600 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque, en el departamento de La Paz.
Los tres extranjeros enfrentaron el jueves una audiencia de imposición de medidas por el delito de tráfico ilícito internacional, tras la cual fueron enviados a un centro penal. La Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) fue la encargada de localizar la embarcación tipo lancha, de bandera ecuatoriana, que transportaba el cargamento de cocaína.
Centroamérica
Minera en El Corpus pone en riesgo templo católico de 400 años en Honduras

La explotación minera en el municipio de El Corpus, ubicado en el sur de Honduras, podría causar la destrucción del antiguo templo católico y otras estructuras históricas, según lo alertó el vicario Mamerto Galindo. El religioso denuncia que esta actividad está violando tanto leyes locales como nacionales, poniendo en grave peligro el patrimonio cultural y arquitectónico de la zona.
«La iglesia está bastante dañada, probablemente con un temblor podría caerse una parte, ya que hay paredes que están rajadas», declaró Galindo a EFE. El vicario considera que estos daños son consecuencia de la explotación minera realizada por una empresa que trabaja a cielo abierto y otra artesanal, ambas ubicadas dentro del casco urbano de El Corpus.
La minería artesanal se encuentra en el barrio El Centro y está tan cerca que está a unos 100 metros de la parte trasera de la iglesia, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de El Corpus, en el departamento de Choluteca. Los residentes también aseguran que están siendo afectados por la empresa Cerros del Sur, supuestamente subsidiaria de una compañía estadounidense, que se dedica a la extracción de oro a cielo abierto.
Algunos vecinos afirman que Cerros del Sur ha introducido maquinaria en la minera artesanal bajo el pretexto de realizar «trabajos de estabilización del terreno» detrás de la iglesia. Sin embargo, el terreno rocoso donde opera la minera está lleno de perforaciones y tendidos de cables, lo que ha generado un grave daño ambiental, como pudo constatar EFE.
Galindo también señaló que en los terrenos cercanos a la iglesia, que según los nativos fue construida hacia el año 1600, fluye agua subterránea que se está filtrando hasta la capilla del Santísimo. Además, advirtió que «entre la iglesia y la casa cural corre una quebrada», cuyos canales de agua afectan tanto el templo como los alrededores.
La iglesia se encuentra frente a la plaza central del municipio, un área donde resalta un arco de cemento con la inscripción «Tierra de oro y plata». Según el historiador Rubén Darío Paz, la iglesia original de El Corpus fue de estilo colonial, pero fue reconstruida después de algunos conflictos, y hoy su fachada es de carácter neoclásico. Paz destacó que lo más importante son las imágenes religiosas que alberga, como la de San Benito, un santo negro que tiene gran devoción entre los feligreses mestizos, negros e indígenas de la región.
El vicario Galindo también mencionó otro daño provocado por la minera, relacionado con la desaparición de un comedor infantil en 2016, el cual fue prometido para ser reconstruido en otro lugar, pero nueve años después, dicho compromiso sigue sin cumplirse.
Centroamérica
Costa Rica incauta más de 1.600 kilos de droga y detiene a tres nicaragüenses en operación conjunta con EE.UU.

El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica informó este domingo sobre la detención de tres ciudadanos nicaragüenses que transportaban 1.229 kilogramos de cocaína y 448 kilogramos de marihuana en una embarcación, interceptada en el Pacífico sur del país centroamericano.
Según el reporte oficial, gracias a un convenio de patrullaje conjunto con Estados Unidos, el Servicio Nacional de Guardacostas recibió una alerta sobre una posible embarcación con drogas. Con el apoyo del Servicio de Vigilancia Aérea y un avión MPA de EE.UU., se inició la persecución.
A unas 40 millas náuticas (aproximadamente 64 kilómetros) de Cabo Matapalo, en la zona sur de Costa Rica, los oficiales del Grupo de Operaciones Especiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron la embarcación rápida con tres sujetos a bordo. Los detenidos hicieron caso omiso a la primera orden de alto de la Policía, y al ser perseguidos, lanzaron parte de la carga de droga al mar, según el ministerio.
Los tres nicaragüenses fueron detenidos y entregados a las autoridades judiciales para el proceso correspondiente. En total, se contabilizaron 1.229 paquetes de cocaína de aproximadamente 1 kilo cada uno y 448 kilos de marihuana.
Costa Rica se ha convertido en un centro clave para el almacenamiento y exportación de cocaína hacia Europa y Norteamérica. En respuesta, el gobierno costarricense lanzó en julio de 2023 la «Operación Soberanía» para combatir el narcotráfico en el país.
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