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Audiencia contra empresarios de ARGOZ S.A. por estafa y lavado de dinero
21 de diciembre | Redacción |
El Tribunal Tercero contra Crimen Organizado de El Salvador llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas contra ocho personas vinculadas a la Corporación ARGOZ S.A de C.V. Entre los acusados se encuentran los empresarios Leticia Farfán de Gómez y Rodrigo Javier Gómez Farfán, madre e hijo, señalados por la presunta comercialización irregular de terrenos sin los permisos correspondientes.
Los imputados enfrentan cargos de estafa agravada, comercialización ilegal de lotes o parcelas, y pertenencia a agrupaciones ilícitas, según declaró el fiscal a cargo del caso. De los ocho procesados, cinco están bajo custodia, mientras que el paradero de los restantes es desconocido. Sus identidades no fueron reveladas ni por la Fiscalía General de la República ni por los abogados defensores.
La solicitud presentada al tribunal busca que los ocho individuos pasen a la etapa de instrucción, bajo detención provisional. El fiscal destacó que el caso perjudica a 24 víctimas, quienes han denunciado la presunta estafa y presentaron documentación para respaldar sus reclamos.
La acusación sostiene que ARGOZ y otras sociedades involucradas no contaban con los permisos necesarios para la venta de lotes. A pesar de carecer de autorizaciones, presuntamente vendían terrenos y no entregaban las escrituras a las víctimas una vez realizado el pago.
En la audiencia, la defensa de los acusados alegó la nulidad del caso, argumentando que la aplicación retroactiva de la ley viola la Constitución. Señalaron que los hechos datan de 1984, mientras que la ley que se les imputa fue publicada en agosto del año en curso.
Además, se reprochó la ampliación retroactiva de la reforma al delito de agrupaciones ilícitas. La defensa insistió en que la Constitución prohíbe la retroactividad de las leyes, a menos que favorezcan al imputado.
En un giro adicional, la Fiscalía imputó a Leticia Farfán de Gómez el delito de casos especiales de lavado de dinero, argumentando que no pudo justificar la procedencia de $296,570 incautados durante los allanamientos el pasado 5 de diciembre.
Hasta el momento de cierre de esta nota, el juez no había resuelto la solicitud de nulidad, dejando en suspenso el curso del proceso judicial.
Centroamérica
Presupuesto 2025 incluye fondos para proyectos en El Mozote como parte de la reparación a víctimas.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele continuará su apoyo a las familias víctimas de la masacre de El Mozote, destinando casi $3 millones en el presupuesto general para el ejercicio fiscal 2025 para obras y proyectos en la zona.
Los recursos serán administrados por seis instituciones públicas: el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Local, Ministerio de Agricultura y Ganadería, e Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu). Según el desglose, Relaciones Exteriores ejecutará $750,000; Salud, $442,650; Cultura, $10,000; Desarrollo Local, $2,362,775; Agricultura, $50,000, y el Isdemu, $50,000. Estos fondos se suman a las inversiones previas realizadas en la zona desde 2019.
Las acciones interinstitucionales que se llevarán a cabo están alineadas con las medidas de reparación moral, simbólica y material para las víctimas de la masacre de El Mozote, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia que involucra a El Mozote y sus alrededores en Morazán.
En 2012, el Estado salvadoreño fue condenado por la CIDH por su responsabilidad en la masacre perpetrada por la Fuerza Armada en El Mozote y áreas cercanas entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981. La corte determinó que el Estado violó derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad personal y la propiedad privada.
Cuatro años después, en 2016, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, la cual había impedido la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra civil.
Centroamérica
Empresarios destacan impacto positivo de la mejora en la calificación de riesgo de El Salvador
La firma estadounidense Moody’s Ratings elevó la calificación de riesgo de El Salvador de Caa1 a B3, lo que ha generado reacciones positivas entre empresarios y gremiales del país.
El informe de Moody’s destaca los avances en seguridad, la efectividad en el manejo de pasivos, como las recompras de bonos, y la designación de perfiles técnicos en puestos clave de la economía, factores que han contribuido a esta mejora.
Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), señaló que esta actualización refuerza los esfuerzos de las gremiales para atraer inversiones, enviando un mensaje de confianza hacia el exterior.
«Es una excelente noticia porque mejora las perspectivas para atraer inversión. Esto significa más confianza en el país, lo que puede traducirse en mayores oportunidades de trabajo, exportaciones y desarrollo empresarial», afirmó Cuéllar.
La mejora de la calificación reafirma el atractivo de El Salvador como un terreno fértil para el crecimiento económico, impulsando la seguridad jurídica y las condiciones necesarias para el desarrollo de negocios sostenibles.
Centroamérica
ANDA avanza con la instalación de 2,115 metros de tubería para la nueva planta potabilizadora en Ilopango
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ha comenzado la tercera fase de instalación de tuberías para la Planta Potabilizadora de Ilopango, con una intervención que incluye la colocación de 2,115 metros de doble tubería en una zona verde. Esta nueva fase conecta la planta potabilizadora con la Planta de Rebombeo Changallito en Ilopango, y no afectará el tránsito vehicular en la zona.
Simultáneamente, la ANDA ejecuta la segunda fase de este proyecto en la 4.ª avenida norte, hasta la intersección con la calle Rafael A. Gutiérrez, en Ilopango, una obra que comenzó el 2 de noviembre y se extenderá por 90 días.
El proyecto de la nueva Planta Potabilizadora, que cuenta con una inversión de más de $40 millones, mejorará el suministro de agua potable para más de 250,000 habitantes de Ilopango, Soyapango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca, como parte de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de China y El Salvador.
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