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El Salvador, líder y referente como país más seguro de Latinoamérica

El Gabinete de Seguridad ha revalidado la posición de El Salvador como el país más seguro de América Latina. Según el ministro Gustavo Villatoro, tanto el Plan Control Territorial como el Régimen de Excepción han sido fundamentales para superar la herencia de un Estado fallido de administraciones anteriores.

Villatoro destacó que al culminar el año 2023, los resultados se sustentan en acciones exitosas que han llevado a 518 días sin homicidios durante la gestión del presidente de la República, Nayib Bukele, en contraste con los tres quinquenios anteriores, que solo registraron 2 días sin asesinatos.

Las cifras también indican que, desde la implementación del régimen de excepción, se han acumulado 405 días sin muertes violentas.

«Con una tasa de homicidios de 2.4 por cada 100 mil habitantes y un promedio diario anual de 0.4 homicidios, nos ubicamos como el segundo país en América y el primero en Latinoamérica con la tasa más baja», aseguró.

«Sin duda, en materia de seguridad pública, este país ha experimentado una transformación», añadió.

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Villatoro reiteró que ahora el Estado tiene el control del territorio y que el Gabinete luchará contra cualquier organización criminal que intente usurpar funciones indebidas.

Rodolfo Delgado, fiscal general de la República, añadió que lo más significativo es que «estamos erradicando la impunidad en la que vivíamos, donde se cometían delitos y los responsables quedaban en la sombra».

Mauricio Arriaza, director de la PNC, señaló que como institución la misión constitucional encomendada es garantizar el orden y la seguridad, protegiendo la vida y los bienes de los salvadoreños mediante el Plan Control Territorial, que ha dado resultados son que no se puede refutar.

Para el Gabinete de Seguridad Ampliado, estos logros al cierre del 2023 son el resultado del trabajo conjunto entre diversas instituciones del gobierno.

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MARN1

Centroamérica

Presupuesto 2025 incluye fondos para proyectos en El Mozote como parte de la reparación a víctimas.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele continuará su apoyo a las familias víctimas de la masacre de El Mozote, destinando casi $3 millones en el presupuesto general para el ejercicio fiscal 2025 para obras y proyectos en la zona.

Los recursos serán administrados por seis instituciones públicas: el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Local, Ministerio de Agricultura y Ganadería, e Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu). Según el desglose, Relaciones Exteriores ejecutará $750,000; Salud, $442,650; Cultura, $10,000; Desarrollo Local, $2,362,775; Agricultura, $50,000, y el Isdemu, $50,000. Estos fondos se suman a las inversiones previas realizadas en la zona desde 2019.

Las acciones interinstitucionales que se llevarán a cabo están alineadas con las medidas de reparación moral, simbólica y material para las víctimas de la masacre de El Mozote, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia que involucra a El Mozote y sus alrededores en Morazán.

En 2012, el Estado salvadoreño fue condenado por la CIDH por su responsabilidad en la masacre perpetrada por la Fuerza Armada en El Mozote y áreas cercanas entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981. La corte determinó que el Estado violó derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad personal y la propiedad privada.

Cuatro años después, en 2016, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, la cual había impedido la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra civil.

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Centroamérica

Empresarios destacan impacto positivo de la mejora en la calificación de riesgo de El Salvador

La firma estadounidense Moody’s Ratings elevó la calificación de riesgo de El Salvador de Caa1 a B3, lo que ha generado reacciones positivas entre empresarios y gremiales del país.

El informe de Moody’s destaca los avances en seguridad, la efectividad en el manejo de pasivos, como las recompras de bonos, y la designación de perfiles técnicos en puestos clave de la economía, factores que han contribuido a esta mejora.

Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), señaló que esta actualización refuerza los esfuerzos de las gremiales para atraer inversiones, enviando un mensaje de confianza hacia el exterior.

«Es una excelente noticia porque mejora las perspectivas para atraer inversión. Esto significa más confianza en el país, lo que puede traducirse en mayores oportunidades de trabajo, exportaciones y desarrollo empresarial», afirmó Cuéllar.

La mejora de la calificación reafirma el atractivo de El Salvador como un terreno fértil para el crecimiento económico, impulsando la seguridad jurídica y las condiciones necesarias para el desarrollo de negocios sostenibles.

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Centroamérica

ANDA avanza con la instalación de 2,115 metros de tubería para la nueva planta potabilizadora en Ilopango

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ha comenzado la tercera fase de instalación de tuberías para la Planta Potabilizadora de Ilopango, con una intervención que incluye la colocación de 2,115 metros de doble tubería en una zona verde. Esta nueva fase conecta la planta potabilizadora con la Planta de Rebombeo Changallito en Ilopango, y no afectará el tránsito vehicular en la zona.

Simultáneamente, la ANDA ejecuta la segunda fase de este proyecto en la 4.ª avenida norte, hasta la intersección con la calle Rafael A. Gutiérrez, en Ilopango, una obra que comenzó el 2 de noviembre y se extenderá por 90 días.

El proyecto de la nueva Planta Potabilizadora, que cuenta con una inversión de más de $40 millones, mejorará el suministro de agua potable para más de 250,000 habitantes de Ilopango, Soyapango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca, como parte de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de China y El Salvador.

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