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Internacionales

Nicanor Boluarte y abogado de la presidenta Dina Boluarte liberados por falta de riesgo de fuga

La Justicia peruana ordenó este viernes la libertad de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tras una semana de detención preliminar por presunta implicación en el delito de tráfico de influencias. La decisión se basa en la ausencia de riesgo de fuga o de obstaculización del proceso.

“No existe evidencia objetiva alguna de que el investigado Nicanor Boluarte Zegarra pueda ser proclive a incurrir o estar en riesgo el peligro procesal, ya sea en su manifestación de fuga o de obstaculización del accionar de la Justicia, ameritando ello la revocatoria de esta decisión”, declaró la jueza.

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional también ordenó la liberación del abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, citando las mismas razones.

Investigación por Presuntos Delitos en el Gobierno de Dina Boluarte

Nicanor Boluarte, junto con otros implicados, fue detenido el 10 de mayo en el marco de una investigación por presunta organización criminal y otros delitos contra el Estado, dentro de la operación ‘Waykis en la Sombra’, que examina una supuesta red de tráfico de influencias.

“El tribunal sustentó que no se cumplen los requisitos que establece el Código Procesal Penal para imponer la medida; no existe peligro de fuga ni de obstaculización para la averiguación de la verdad por parte de los imputados”, detalló el Poder Judicial en la red social X.

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Además, la sala rechazó la solicitud del Ministerio Público para extender la detención preliminar a 15 días adicionales para realizar investigaciones urgentes e inaplazables en esta etapa preliminar.

Declaraciones de los Implicados

En la audiencia, Nicanor Boluarte declaró su inocencia, afirmando que no forma parte de ninguna organización criminal. Argumentó que su actividad económica es comprobable y que tiene arraigo familiar, viviendo con su hija universitaria y siendo el principal sostén económico de su hogar.

“El tiempo y el proceso se encargarán de poner las cosas en su lugar”, afirmó el hermano de la presidenta.

Por su parte, Mateo Castañeda defendió su liberación al destacar su larga carrera laboral sin sanciones y señaló que no hay ninguna prueba que lo relacione con la supuesta red criminal.

El caso ‘Waykis en la Sombra’ es impulsado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que sostiene que los implicados forman parte de una presunta red dedicada al tráfico de influencias y a la designación de prefectos y subprefectos en torno a la creación del partido Ciudadanos por el Perú.

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Comisión Europea califica de ‘lamentable’ la detención de ciudadanos europeos en Venezuela

El portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano, calificó este lunes de «lamentable» y preocupante la detención por parte del «régimen de Venezuela» de dos ciudadanos españoles y uno de la República Checa. Stano enfatizó que la responsabilidad de gestionar la situación recae sobre ambos países afectados.

Durante la conferencia de prensa diaria del Ejecutivo de la UE, Stano también expresó la solidaridad de la institución con España y la República Checa. Los seis detenidos, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, enfrentan acusaciones de participar en una «operación mercenaria» destinada a desestabilizar Venezuela e intentar asesinar a altos funcionarios del país, incluido el presidente Nicolás Maduro.

El ministro del Interior de Venezuela y número dos de Maduro, Diosdado Cabello, ha afirmado que los ciudadanos españoles están vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España. Sin embargo, el Gobierno español ha rechazado estas acusaciones y niega cualquier implicación en actividades de desestabilización.

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Petro denuncia intento de ‘golpe de Estado’ mientras el Consejo Electoral analiza posible investigación sobre su campaña

Un año de Gobierno de Gustavo Petro en Colombia: avances en la paz y desafíos en las reformas

El Consejo Nacional Electoral de Colombia se reunirá este lunes para evaluar si abre una investigación formal sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presuntas irregularidades en la financiación que habrían superado los topes permitidos.

El Consejo, compuesto por 10 magistrados elegidos por el Congreso en representación de partidos políticos, necesita al menos seis votos para decidir abrir o archivar la investigación. Dos magistrados, incluyendo uno de un partido opositor, presentaron una ponencia alegando que la campaña de Petro habría violado los límites de financiación en aproximadamente 1,2 millones de dólares durante las dos vueltas presidenciales.

La posible investigación ha generado un debate sobre la competencia del Consejo para investigar al presidente, quien goza de un fuero especial. Petro ha denunciado que la investigación es un intento de «golpe de Estado a la colombiana» y que su objetivo es destituirlo mediante un juicio político.

El Consejo de Estado ha señalado que el fuero presidencial no impide investigaciones por parte del Consejo Nacional Electoral, que sólo puede imponer multas y no realizar juicios políticos, los cuales están reservados para el Congreso. El abogado defensor de Petro, Héctor Carvajal, ha anunciado que impugnará cualquier decisión del Consejo y llevará el caso a la Corte Constitucional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es necesario.

El Consejo Nacional Electoral ha defendido su capacidad para investigar campañas y candidatos, afirmando que su trabajo no pone en riesgo el fuero presidencial.

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Ecuador incauta 204 toneladas de drogas en 2024

Ecuador incautó 204 toneladas de drogas entre enero y septiembre de este año, una cifra cercana al promedio anual de decomisos de los últimos tres años. Según la ministra del Interior, Mónica Palencia, esta cifra representa un aumento del 25% respecto a las 163,9 toneladas incautadas en el mismo período de 2023, lo que atribuyó a la colaboración entre la policía y el ejército.

En 2023, Ecuador decomisó un total de 211 toneladas de drogas, principalmente cocaína, mientras que en 2022 y 2021 fueron 201 y 210 toneladas respectivamente. Mario Pazmiño, ex coronel de inteligencia militar, señaló que este incremento en las incautaciones refleja el aumento de la producción de drogas en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, que abastecen las rutas del Pacífico y la Amazonia.

Las autoridades han reconocido que Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito a convertirse en un centro logístico para el narcotráfico, debido a su proximidad con Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo.

El país se encuentra bajo un decreto de conflicto armado interno desde enero, que permite la intervención conjunta de las fuerzas de seguridad para controlar la violencia relacionada con el narcotráfico.

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