Perú ha declarado un duelo nacional de tres días a partir de este jueves en honor al expresidente Alberto Fujimori, quien falleció el miércoles en Lima a causa de un cáncer. La medida se formalizó mediante un decreto supremo publicado en la gaceta oficial, que también establece la realización de un funeral de Estado.

El decreto, firmado por la presidenta Dina Boluarte, ordena que los funerales de Alberto Fujimori reciban las honras fúnebres correspondientes a un presidente en ejercicio. Fujimori, quien ocupó la presidencia de Perú desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre de 2000, será homenajeado con el respeto y las formalidades que su rango exige.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, propuso este miércoles que el Parlamento inste al Gobierno de Nicolás Maduro a romper relaciones diplomáticas con España, luego de que el Congreso español reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo.

En un discurso respaldado por la bancada chavista, Rodríguez, uno de los aliados más cercanos de Maduro, pidió a la Comisión de Política Exterior del Parlamento que presente una resolución para su aprobación inmediata. «Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del Gobierno de España», exclamó Rodríguez ante la asamblea.

La propuesta de Rodríguez surgió después de que el Congreso de los Diputados de España aprobara una moción del Partido Popular para reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela, en una votación que generó divisiones. El Congreso español también instó al Gobierno de Pedro Sánchez a adoptar una postura similar.

A pesar de esta resolución no vinculante, el presidente español, Pedro Sánchez, quien se encuentra en un viaje oficial en China, indicó que su Gobierno mantendrá su posición actual. España, junto con otros países, busca mediar en el conflicto poselectoral en Venezuela, exigiendo la publicación de las actas de las elecciones presidenciales de julio para asegurar la transparencia de los resultados.

Tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela han proclamado a Nicolás Maduro como ganador de los comicios. Sin embargo, a más de un mes de las elecciones, las actas desglosadas por mesa de votación no han sido publicadas. Estas instituciones están compuestas por miembros cercanos al presidente Maduro.

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Desde la noche del 28 de julio, la oposición, representada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha rechazado los resultados oficiales, afirmando que el verdadero ganador es Edmundo González Urrutia. El domingo, González Urrutia llegó a España tras recibir asilo político, alegando que en Venezuela era víctima de presiones y persecución política.

Human Rights Watch ha denunciado la brutal represión desatada por el gobierno de Nicolás Maduro contra manifestantes, opositores y ciudadanos venezolanos en general. La organización ha documentado numerosos abusos perpetrados por los paramilitares del régimen, conocidos como “colectivos”, que incluyen asesinatos y otras violaciones graves de derechos humanos.

Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, el régimen ha intensificado su represión, afirmaron representantes de Human Rights Watch este miércoles. “La represión en Venezuela es extremadamente severa”, expresó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de la organización. “Es imperativo que la comunidad internacional actúe con urgencia para garantizar el derecho de los venezolanos a protestar pacíficamente y que se respete su voto.”

En su reporte, Human Rights Watch (HRW) detalla que tanto el régimen como los “colectivos” han estado involucrados en abusos generalizados, que incluyen asesinatos, detenciones arbitrarias y procesos penales injustos contra críticos del gobierno.

El 2 de septiembre, se emitió una orden de captura contra el candidato opositor Edmundo González bajo acusaciones de “instigación a la desobediencia” y “conspiración”, entre otros delitos.

La organización informó que las protestas contra los resultados electorales han estallado en todo el país, particularmente en sectores populares tradicionalmente leales al chavismo, donde se han registrado numerosos incidentes de represión.

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HRW ha recibido informes creíbles sobre 24 asesinatos en el contexto de estas protestas, incluido uno de un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Estas cifras han sido confirmadas por organizaciones locales independientes como Foro Penal, Justicia Encuentro y Perdón, Monitor de Víctimas y Provea, además de verificarse a través de redes sociales.

La organización ha documentado de forma independiente 11 de estos casos, revisando actas de defunción, videos, fotografías y realizando entrevistas con 20 personas, incluyendo testigos y otras fuentes locales.