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Internacionales

Keiko Fujimori anuncia la candidatura presidencial de su padre Alberto Fujimori

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) volverá a postularse para la jefatura de Estado de Perú en las elecciones generales de 2026, según anunció su hija Keiko Fujimori.

“Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial”, afirmó la líder del partido Fuerza Popular en un breve mensaje publicado en la red social X.

Anuncio de Keiko Fujimori tras una entrevista

Keiko Fujimori hizo el anuncio después de que el diario El Comercio publicara una entrevista en la que afirmó que está segura de que si su padre participa en unas nuevas elecciones, pasaría a una segunda vuelta presidencial. Fujimori, quien cumplirá 86 años el próximo 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima donde cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

En sus declaraciones a El Comercio, Keiko Fujimori aseguró que su padre le expresó “que quería participar en política, que él sabía los riesgos a los que se exponía” y añadió que “tiene muchísima experiencia” y apoyaría su decisión final.

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La líder de Fuerza Popular señaló que es “consciente de la edad” y de los problemas de salud que enfrenta su padre, entre los que mencionó que padece cáncer en la lengua y se sometió a una operación de cadera, de la que está en proceso de recuperación.

Keiko afirmó, además, que “varios abogados” le han dicho “que sí podría ser candidato”, a pesar de que juristas y políticos señalan que está impedido por su condición de condenado por un delito doloso, tal como establece el artículo 34-A de la Constitución peruana y la Ley Orgánica de Elecciones.

Keiko no será fórmula de su padre

En la entrevista, Keiko Fujimori dijo que aún no sabe si ella postulará como candidata al Senado, pero aseguró que no irá en la fórmula presidencial de su padre.

El pasado 4 de julio, el Poder Judicial de Perú rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir en un proceso por violaciones a los derechos humanos abierto contra Fujimori, su exasesor Vladimiro Montesinos y los ex altos mandos militares Nicolás de Bari Hermoza y Luis Pérez Documet. La decisión se tomó en el proceso que sigue contra los imputados por su presunta intervención en los casos de Pativilca y La Cantuta, donde el grupo militar encubierto Colina asesinó a un total de 16 personas en 1992.

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Mientras la Fiscalía ha solicitado condenas mínimas de 25 años de prisión, el pasado 31 de enero Montesinos recibió una sentencia a 19 años y 8 meses de cárcel tras haberse acogido a la figura jurídica de la conclusión anticipada, al aceptar su responsabilidad.

Consultado en una audiencia anterior, el expresidente anunció que no se acogería a la conclusión anticipada, por lo que en enero se analizó una petición de la Fiscalía para imponerle 18 meses de arresto domiciliario, que finalmente fue rechazada.

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Internacionales

Comisión Europea califica de ‘lamentable’ la detención de ciudadanos europeos en Venezuela

El portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano, calificó este lunes de «lamentable» y preocupante la detención por parte del «régimen de Venezuela» de dos ciudadanos españoles y uno de la República Checa. Stano enfatizó que la responsabilidad de gestionar la situación recae sobre ambos países afectados.

Durante la conferencia de prensa diaria del Ejecutivo de la UE, Stano también expresó la solidaridad de la institución con España y la República Checa. Los seis detenidos, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, enfrentan acusaciones de participar en una «operación mercenaria» destinada a desestabilizar Venezuela e intentar asesinar a altos funcionarios del país, incluido el presidente Nicolás Maduro.

El ministro del Interior de Venezuela y número dos de Maduro, Diosdado Cabello, ha afirmado que los ciudadanos españoles están vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España. Sin embargo, el Gobierno español ha rechazado estas acusaciones y niega cualquier implicación en actividades de desestabilización.

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Internacionales

Petro denuncia intento de ‘golpe de Estado’ mientras el Consejo Electoral analiza posible investigación sobre su campaña

Un año de Gobierno de Gustavo Petro en Colombia: avances en la paz y desafíos en las reformas

El Consejo Nacional Electoral de Colombia se reunirá este lunes para evaluar si abre una investigación formal sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presuntas irregularidades en la financiación que habrían superado los topes permitidos.

El Consejo, compuesto por 10 magistrados elegidos por el Congreso en representación de partidos políticos, necesita al menos seis votos para decidir abrir o archivar la investigación. Dos magistrados, incluyendo uno de un partido opositor, presentaron una ponencia alegando que la campaña de Petro habría violado los límites de financiación en aproximadamente 1,2 millones de dólares durante las dos vueltas presidenciales.

La posible investigación ha generado un debate sobre la competencia del Consejo para investigar al presidente, quien goza de un fuero especial. Petro ha denunciado que la investigación es un intento de «golpe de Estado a la colombiana» y que su objetivo es destituirlo mediante un juicio político.

El Consejo de Estado ha señalado que el fuero presidencial no impide investigaciones por parte del Consejo Nacional Electoral, que sólo puede imponer multas y no realizar juicios políticos, los cuales están reservados para el Congreso. El abogado defensor de Petro, Héctor Carvajal, ha anunciado que impugnará cualquier decisión del Consejo y llevará el caso a la Corte Constitucional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es necesario.

El Consejo Nacional Electoral ha defendido su capacidad para investigar campañas y candidatos, afirmando que su trabajo no pone en riesgo el fuero presidencial.

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Ecuador incauta 204 toneladas de drogas en 2024

Ecuador incautó 204 toneladas de drogas entre enero y septiembre de este año, una cifra cercana al promedio anual de decomisos de los últimos tres años. Según la ministra del Interior, Mónica Palencia, esta cifra representa un aumento del 25% respecto a las 163,9 toneladas incautadas en el mismo período de 2023, lo que atribuyó a la colaboración entre la policía y el ejército.

En 2023, Ecuador decomisó un total de 211 toneladas de drogas, principalmente cocaína, mientras que en 2022 y 2021 fueron 201 y 210 toneladas respectivamente. Mario Pazmiño, ex coronel de inteligencia militar, señaló que este incremento en las incautaciones refleja el aumento de la producción de drogas en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, que abastecen las rutas del Pacífico y la Amazonia.

Las autoridades han reconocido que Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito a convertirse en un centro logístico para el narcotráfico, debido a su proximidad con Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo.

El país se encuentra bajo un decreto de conflicto armado interno desde enero, que permite la intervención conjunta de las fuerzas de seguridad para controlar la violencia relacionada con el narcotráfico.

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