Internacionales
A tres años de la toma de Kabul, Afganistán sufre bajo el dominio talibán
Tres años después de que los talibanes tomaran el control de Kabul, Afganistán sigue siendo un país asediado, atrapado en una situación de inseguridad y represión. Aunque los fundamentalistas prometieron traer paz tras dos décadas de conflicto, el país continúa sufriendo violaciones de derechos humanos, especialmente contra las mujeres, en medio de denuncias de tortura y ejecuciones.
«La guerra terminó en términos de enfrentamientos entre los talibanes y las fuerzas estadounidenses y afganas, pero eso no significa que se haya alcanzado la seguridad ni la paz», explicó a EFE el analista político Azizullah Marij.
Los talibanes entraron en la capital afgana el 15 de agosto de 2021, poniendo fin a veinte años de guerra con el antiguo Gobierno respaldado por Estados Unidos, bajo la promesa de que su llegada traería estabilidad al país. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente.
Ejecuciones Extrajudiciales y Torturas Persisten
Desde la toma de poder, Afganistán ha sido testigo de una serie de abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones en nombre de la seguridad, sin que exista un mecanismo legal para presentar quejas. Este clima de terror ha generado un ambiente de miedo, especialmente entre los funcionarios del antiguo gobierno, que temen las represalias de los talibanes.
En los últimos tres años, la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha documentado más de 800 casos de ejecuciones extrajudiciales, arrestos y detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas contra individuos vinculados al antiguo régimen.
Además, el gobierno talibán ha retomado las ejecuciones públicas, una práctica común durante su primer régimen entre 1996 y 2001. Estos actos, realizados en estadios frente a multitudes, se justifican bajo una interpretación estricta de la Sharia, la ley islámica, y buscan imponer el miedo y el control sobre la población.
Afganistán: Un País en Rehén
El analista político Ahmad Sayeed Saeedi señaló que los talibanes han «tomado como rehenes al pueblo afgano» y han instaurado un régimen de miedo y desilusión en la nación. Su interpretación extrema de la Sharia ha resultado en medidas draconianas, como la prohibición a las mujeres de estudiar, trabajar o salir sin un acompañante masculino, recordando las duras restricciones de su primer mandato.
El ascenso al poder de los talibanes también llevó a la retirada de todo el personal diplomático extranjero de Kabul y a la suspensión de la ayuda económica internacional, agravando la crisis humanitaria y económica del país. La población afgana vive sumida en la pobreza y el desempleo, sin un plan claro de cómo el gobierno talibán pretende ganar el reconocimiento internacional o aliviar las penurias de sus ciudadanos.
Represión y Cierre de Medios de Comunicación
El régimen talibán también ha impuesto estrictas restricciones a la libertad de prensa, lo que ha resultado en el cierre de la mayoría de los medios de comunicación que operaban antes de su llegada al poder. Los periodistas que siguen trabajando en Afganistán lo hacen bajo una vigilancia constante, enfrentando amenazas de arresto o desaparición si no se adhieren a las líneas dictadas por el gobierno.
El analista militar Ahmad Andar advierte que la represión talibana podría causar un retroceso en la seguridad del país si no se gestiona adecuadamente. «La falta de una gobernanza legítima alineada con los requisitos de la nación, la ausencia de la Loya Jirga (asamblea de líderes tribales), y la falta de inclusión y compromiso con la comunidad internacional ponen en peligro el futuro de Afganistán», declaró a EFE.
A pesar de la represión interna, los talibanes han visto signos de respaldo internacional en los últimos meses. China nombró a un embajador en Kabul en diciembre, y en junio, Rusia expresó su apoyo al reconocimiento del régimen talibán, un paso que podría legitimar su gobierno en la escena global.
Internacionales
Comisión Europea califica de ‘lamentable’ la detención de ciudadanos europeos en Venezuela
El portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano, calificó este lunes de «lamentable» y preocupante la detención por parte del «régimen de Venezuela» de dos ciudadanos españoles y uno de la República Checa. Stano enfatizó que la responsabilidad de gestionar la situación recae sobre ambos países afectados.
Durante la conferencia de prensa diaria del Ejecutivo de la UE, Stano también expresó la solidaridad de la institución con España y la República Checa. Los seis detenidos, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, enfrentan acusaciones de participar en una «operación mercenaria» destinada a desestabilizar Venezuela e intentar asesinar a altos funcionarios del país, incluido el presidente Nicolás Maduro.
El ministro del Interior de Venezuela y número dos de Maduro, Diosdado Cabello, ha afirmado que los ciudadanos españoles están vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España. Sin embargo, el Gobierno español ha rechazado estas acusaciones y niega cualquier implicación en actividades de desestabilización.
Internacionales
Petro denuncia intento de ‘golpe de Estado’ mientras el Consejo Electoral analiza posible investigación sobre su campaña
El Consejo Nacional Electoral de Colombia se reunirá este lunes para evaluar si abre una investigación formal sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presuntas irregularidades en la financiación que habrían superado los topes permitidos.
El Consejo, compuesto por 10 magistrados elegidos por el Congreso en representación de partidos políticos, necesita al menos seis votos para decidir abrir o archivar la investigación. Dos magistrados, incluyendo uno de un partido opositor, presentaron una ponencia alegando que la campaña de Petro habría violado los límites de financiación en aproximadamente 1,2 millones de dólares durante las dos vueltas presidenciales.
La posible investigación ha generado un debate sobre la competencia del Consejo para investigar al presidente, quien goza de un fuero especial. Petro ha denunciado que la investigación es un intento de «golpe de Estado a la colombiana» y que su objetivo es destituirlo mediante un juicio político.
El Consejo de Estado ha señalado que el fuero presidencial no impide investigaciones por parte del Consejo Nacional Electoral, que sólo puede imponer multas y no realizar juicios políticos, los cuales están reservados para el Congreso. El abogado defensor de Petro, Héctor Carvajal, ha anunciado que impugnará cualquier decisión del Consejo y llevará el caso a la Corte Constitucional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es necesario.
El Consejo Nacional Electoral ha defendido su capacidad para investigar campañas y candidatos, afirmando que su trabajo no pone en riesgo el fuero presidencial.
Internacionales
Ecuador incauta 204 toneladas de drogas en 2024
Ecuador incautó 204 toneladas de drogas entre enero y septiembre de este año, una cifra cercana al promedio anual de decomisos de los últimos tres años. Según la ministra del Interior, Mónica Palencia, esta cifra representa un aumento del 25% respecto a las 163,9 toneladas incautadas en el mismo período de 2023, lo que atribuyó a la colaboración entre la policía y el ejército.
En 2023, Ecuador decomisó un total de 211 toneladas de drogas, principalmente cocaína, mientras que en 2022 y 2021 fueron 201 y 210 toneladas respectivamente. Mario Pazmiño, ex coronel de inteligencia militar, señaló que este incremento en las incautaciones refleja el aumento de la producción de drogas en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, que abastecen las rutas del Pacífico y la Amazonia.
Las autoridades han reconocido que Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito a convertirse en un centro logístico para el narcotráfico, debido a su proximidad con Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo.
El país se encuentra bajo un decreto de conflicto armado interno desde enero, que permite la intervención conjunta de las fuerzas de seguridad para controlar la violencia relacionada con el narcotráfico.
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