Un juez en Guatemala envió a juicio este miércoles al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, acusado de incumplimiento de deberes, en lo que se considera otro caso dentro de una serie de procesos impulsados por la fiscalía y que han sido duramente criticados por la comunidad internacional.

Campo, quien fue fiscal jefe de la Fiscalía contra la Corrupción entre 2016 y 2021, se une a un creciente grupo de fiscales y jueces antimafia procesados desde 2022, en una campaña liderada por la fiscal general, Consuelo Porras, cuyo mandato ha sido objeto de cuestionamientos.

El juez Selman Portillo decidió someter el caso a juicio oral y público, trasladándolo a otro tribunal que deberá fijar la fecha para el inicio del proceso. Campo, quien permanece encarcelado desde el 25 de mayo de 2023, reafirmó su inocencia al conocer el fallo judicial.

«Creemos que el Ministerio Público no podrá demostrar las acusaciones que de manera injusta me han atribuido», expresó el exfiscal a la prensa.

En julio, durante una visita a Guatemala, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Porras a detener la «persecución» contra los funcionarios judiciales.

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Campo también enfrenta otros dos procesos judiciales, uno de ellos relacionado con supuestas irregularidades en una investigación sobre un caso de corrupción en la construcción de una carretera. La semana pasada, recibió la visita en prisión de Todd Robinson, un alto funcionario estadounidense.

La fiscal Porras ha impulsado múltiples procesos contra decenas de funcionarios judiciales que investigaron importantes casos de corrupción, a quienes acusa de abuso de autoridad, lo que ha llevado a muchos de ellos a optar por el exilio. Además, ha iniciado acciones legales contra periodistas.

A pesar de la asunción de Bernardo Arévalo como presidente en enero, las acciones de Porras continúan, ya que el mandatario carece de facultades para removerla o intervenir en las decisiones de la fiscalía y los tribunales. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han sancionado a Porras, calificándola de «corrupta» y «antidemocrática».

Asimismo, Porras ha cuestionado el proceso electoral que llevó a Arévalo al poder, abriendo investigaciones contra su partido Semilla y las elecciones que ganó en 2023.

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El pleno legislativo aprobó ayer, con 58 votos a favor, emitir un pronunciamiento público en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre.

El objetivo principal es generar conciencia y promover el acceso de las mujeres a la detección, tratamiento y control oportuno, lo cual incrementa significativamente las tasas de supervivencia.

«Nuestro compromiso no se limita a un simple pronunciamiento o palabras vacías; por el contrario, nuestra obligación es apoyar a las asociaciones que realizan diversas jornadas de prevención», declaró Alexia Rivas, diputada del partido Nuevas Ideas.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, recibió un reconocimiento de la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer en agradecimiento por su respaldo en la lucha contra esta enfermedad.

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En un nuevo respaldo internacional a las estrategias fiscales de El Salvador, la calificadora de riesgo estadounidense Fitch Ratings se pronunció a través de un comunicado sobre los recientes anuncios del gobierno salvadoreño en cuanto a la mejora de las finanzas estatales: el plan de gastos para 2025 totalmente financiado y la recompra de más de $940 millones de deuda externa.

En primer lugar, la agencia reconoció la presentación del Presupuesto General de la Nación 2025, que será financiado por completo, como una «muestra de compromiso con la consolidación fiscal y la reducción de los riesgos para la sostenibilidad de la deuda pública».

«La propuesta del Presupuesto 2025 apunta a un déficit del Gobierno central del 0.8% del producto interno bruto (PIB), un punto porcentual menos que el pronóstico de Fitch del 1.8% para 2024», señala.

En este contexto, Fitch destaca que el plan de gastos presentado por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, el pasado 30 de septiembre, «está diseñado para cubrir todos los gastos corrientes con los ingresos del Gobierno y limitar el uso de préstamos a proyectos de inversión de capital con entidades multilaterales».

La calificadora también enfatiza que se busca cerrar la brecha de financiamiento, algo que había sido una constante en los ejercicios presupuestarios anteriores, y proyecta una reducción del déficit fiscal de El Salvador en al menos ocho puntos porcentuales.

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«Prevemos que el déficit fiscal del Gobierno general caerá a un 3.1% del PIB en 2025, desde un 3.9% en 2024», indica la agencia.

Asimismo, Fitch detalla que esta consolidación estará basada en importantes recortes del gasto, como la congelación general de salarios del sector público, la eliminación de vacantes y la reducción de gastos en bienes y servicios.

«Estos ahorros más que compensarían el aumento previsto del gasto en intereses debido a las restricciones de financiamiento y los altos costos de endeudamiento, además de un ligero incremento en el gasto de capital. Al mismo tiempo, el Gobierno espera aumentos significativos en los ingresos mediante mejoras en la administración tributaria, la lucha contra la evasión fiscal y la ampliación de la base impositiva», detalla Fitch.

Finalmente, la firma menciona que las noticias positivas generadas por El Salvador en los últimos tres meses han impulsado favorablemente los bonos en los mercados internacionales. Entre estos factores, destaca las señales cada vez más firmes sobre la posible concreción de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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