Un juez en Guatemala envió a juicio este miércoles al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, acusado de incumplimiento de deberes, en lo que se considera otro caso dentro de una serie de procesos impulsados por la fiscalía y que han sido duramente criticados por la comunidad internacional.

Campo, quien fue fiscal jefe de la Fiscalía contra la Corrupción entre 2016 y 2021, se une a un creciente grupo de fiscales y jueces antimafia procesados desde 2022, en una campaña liderada por la fiscal general, Consuelo Porras, cuyo mandato ha sido objeto de cuestionamientos.

El juez Selman Portillo decidió someter el caso a juicio oral y público, trasladándolo a otro tribunal que deberá fijar la fecha para el inicio del proceso. Campo, quien permanece encarcelado desde el 25 de mayo de 2023, reafirmó su inocencia al conocer el fallo judicial.

«Creemos que el Ministerio Público no podrá demostrar las acusaciones que de manera injusta me han atribuido», expresó el exfiscal a la prensa.

En julio, durante una visita a Guatemala, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Porras a detener la «persecución» contra los funcionarios judiciales.

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Campo también enfrenta otros dos procesos judiciales, uno de ellos relacionado con supuestas irregularidades en una investigación sobre un caso de corrupción en la construcción de una carretera. La semana pasada, recibió la visita en prisión de Todd Robinson, un alto funcionario estadounidense.

La fiscal Porras ha impulsado múltiples procesos contra decenas de funcionarios judiciales que investigaron importantes casos de corrupción, a quienes acusa de abuso de autoridad, lo que ha llevado a muchos de ellos a optar por el exilio. Además, ha iniciado acciones legales contra periodistas.

A pesar de la asunción de Bernardo Arévalo como presidente en enero, las acciones de Porras continúan, ya que el mandatario carece de facultades para removerla o intervenir en las decisiones de la fiscalía y los tribunales. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han sancionado a Porras, calificándola de «corrupta» y «antidemocrática».

Asimismo, Porras ha cuestionado el proceso electoral que llevó a Arévalo al poder, abriendo investigaciones contra su partido Semilla y las elecciones que ganó en 2023.

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En un nuevo respaldo internacional a las estrategias fiscales de El Salvador, la calificadora de riesgo estadounidense Fitch Ratings se pronunció a través de un comunicado sobre los recientes anuncios del gobierno salvadoreño en cuanto a la mejora de las finanzas estatales: el plan de gastos para 2025 totalmente financiado y la recompra de más de $940 millones de deuda externa.

En primer lugar, la agencia reconoció la presentación del Presupuesto General de la Nación 2025, que será financiado por completo, como una «muestra de compromiso con la consolidación fiscal y la reducción de los riesgos para la sostenibilidad de la deuda pública».

«La propuesta del Presupuesto 2025 apunta a un déficit del Gobierno central del 0.8% del producto interno bruto (PIB), un punto porcentual menos que el pronóstico de Fitch del 1.8% para 2024», señala.

En este contexto, Fitch destaca que el plan de gastos presentado por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, el pasado 30 de septiembre, «está diseñado para cubrir todos los gastos corrientes con los ingresos del Gobierno y limitar el uso de préstamos a proyectos de inversión de capital con entidades multilaterales».

La calificadora también enfatiza que se busca cerrar la brecha de financiamiento, algo que había sido una constante en los ejercicios presupuestarios anteriores, y proyecta una reducción del déficit fiscal de El Salvador en al menos ocho puntos porcentuales.

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«Prevemos que el déficit fiscal del Gobierno general caerá a un 3.1% del PIB en 2025, desde un 3.9% en 2024», indica la agencia.

Asimismo, Fitch detalla que esta consolidación estará basada en importantes recortes del gasto, como la congelación general de salarios del sector público, la eliminación de vacantes y la reducción de gastos en bienes y servicios.

«Estos ahorros más que compensarían el aumento previsto del gasto en intereses debido a las restricciones de financiamiento y los altos costos de endeudamiento, además de un ligero incremento en el gasto de capital. Al mismo tiempo, el Gobierno espera aumentos significativos en los ingresos mediante mejoras en la administración tributaria, la lucha contra la evasión fiscal y la ampliación de la base impositiva», detalla Fitch.

Finalmente, la firma menciona que las noticias positivas generadas por El Salvador en los últimos tres meses han impulsado favorablemente los bonos en los mercados internacionales. Entre estos factores, destaca las señales cada vez más firmes sobre la posible concreción de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó que «la economía del crimen» ha sido fuertemente golpeada gracias a la política y estrategia de seguridad pública, sin que esto afectara el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

«Nosotros aceptamos asumir un costo económico, y calculábamos que íbamos a tener una caída del 10% del PIB por acabar con la delincuencia, pero no cayó, subió un 3.5%», afirmó Bukele en un video compartido en X el martes pasado.

Según el mandatario, «entendimos de manera forzada y con golpes que la única forma era ir tras los pandilleros y arrestarlos, no para castigarlos, sino para sacarlos de la sociedad».

Con la implementación del Plan Control Territorial (PCT), reforzado con el régimen de excepción, el gobierno de Bukele ha debilitado considerablemente la economía de las pandillas y sus familias, confiscando bienes muebles e inmuebles, drogas, armas, dinero en efectivo y desmantelando negocios de origen ilícito.

El presidente reveló en noviembre del año pasado que un representante de un organismo multilateral le dijo, al comenzar la lucha contra las pandillas: «Queramos aceptarlo o no, las pandillas son una economía oscura, pero forman parte de la economía. Si hay 70,000 pandilleros, son 70,000 empleos, 70,000 familias».

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El representante le advirtió: «Si elimina esa parte de la economía de golpe, el PIB de El Salvador caerá»; sin embargo, el gobierno continuó enfrentando a las pandillas, pese al posible impacto económico. «Sorpresivamente, 2022 terminó y el PIB no cayó, de hecho subió, y vamos a cerrar 2023 con el mismo resultado», escribió Bukele en X en esa ocasión.

Un estudio de Global Financial Integrity (GFI) de 2022 informó que El Salvador era el país del Triángulo Norte (junto a Honduras y Guatemala) que más pagaba extorsiones antes de las medidas de seguridad implementadas por la administración de Bukele.