Carlos Gustavo Jiménez Rodríguez, acusado de asesinar al exalcalde del Puerto de La Libertad, Miguel Ángel Jiménez, y a su esposa Krissia Muñoz, en febrero de 2023, se enfrenta a la audiencia preliminar. El doble homicidio ocurrió en la residencial Vía del Mar, ubicada en el distrito de Nuevo Cuscatlán, La Libertad Este, según informó la Fiscalía General de la República.

Las investigaciones señalan que Jiménez Rodríguez, quien es sobrino de las víctimas, ingresó a su vivienda y les disparó con un arma de fuego, causando la muerte de ambos. Posteriormente, el acusado colocó el arma en la mano del exalcalde con la intención de confundir a las autoridades, según la Fiscalía.

El motivo del crimen podría estar relacionado con intereses económicos, ya que el exalcalde había otorgado a su sobrino la facultad de realizar trámites bancarios en su nombre. Además de los cargos por homicidio, Jiménez Rodríguez también enfrenta un proceso por el delito de conducción ilegal de arma de fuego.

Miguel Ángel Jiménez Aguilera fue alcalde por el partido ARENA en el Puerto de La Libertad durante el periodo 2015-2018. En 2021, enfrentó cargos por peculado, falsedad documental agravada y uso de documentos falsos. En junio de 2022, la Fiscalía solicitó su encarcelamiento por desviar $101,700 de fondos municipales hacia la sociedad H&D Servicios Empresariales S.A. de C.V., dirigida por el notario Jaime Duarte.

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio ha ordenado que la suma de $51,762.65, perteneciente a César Mauricio Castro Sosa, pase al Estado. Según la Fiscalía General de la República, este dinero fue confiscado por ser producto de actividades delictivas, vinculadas a su presunto rol como administrador de la Mara Salvatrucha (MS) en Armenia, departamento de Sonsonate.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que tanto Castro Sosa como su madre, Rosa Aminta de Ramírez, fueran despojados de un total de $63,576 y de una propiedad valuada en $60,000. Sin embargo, el juez no accedió a esta petición en su totalidad, permitiendo que el inmueble y el resto del dinero en posesión de Rosa Aminta quedaran fuera del proceso de extinción de dominio.

La Fiscalía logró demostrar que Castro Sosa, colaborador de la clica Armenias Locos Salvatruchos, no pudo justificar un incremento significativo en su patrimonio. Castro Sosa fue arrestado el 24 de abril de 2022 y se le identificó como el encargado de administrar el dinero obtenido por la pandilla a través de extorsiones y otros delitos.

El dinero fue confiscado en tres procedimientos, siendo la primera cantidad de $51,762, una segunda de $7,762, y una última de $3,052, incautados en una propiedad ubicada en la colonia San Damián de Armenia. La casa, valuada en $60,000, también estuvo bajo el escrutinio de las autoridades, aunque no fue confiscada.

En casos de extinción de dominio, la ley establece que la carga de la prueba recae sobre el propietario de los bienes, quien debe demostrar la procedencia lícita de los mismos. Al no poder justificar el origen de los fondos, Castro Sosa fue despojado de más de $51,000.

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CEL

El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador ha emitido una nueva orden de detención para los acusados en el caso de la empresa Trópico Travel S.A. de C.V., vinculada a estafas relacionadas con la venta de paquetes turísticos falsos. Este séptimo expediente incluye la denuncia de 52 víctimas, quienes afirman haber sido defraudadas por un total de $71,048.

Los procesados son David Antonio Rugamas Leiva, Juan Carlos Henríquez López, y los ciudadanos colombianos Liseth Cristina Posada Cuadros, Natalia Paniagua Jaramillo, Jonathan David Torres Builes y Gregory Andrés García Echeverry. Según la Fiscalía General de la República, los estafadores ofrecían boletos aéreos y paquetes turísticos inexistentes a las víctimas, actuando con dolo y premeditación.

Los afectados relataron que fueron abordados en diferentes centros comerciales del país, donde se les ofrecieron atractivos paquetes de viaje que incluían cruceros, membresías en hoteles y boletos aéreos a precios reducidos.

Hasta la fecha, la red de estafadores ha acumulado más de 500 denuncias, y la Fiscalía ha judicializado siete expedientes en diversos tribunales de paz, con un total de 213 víctimas afectadas y un monto defraudado que asciende a $307,022.82.