El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio ha ordenado que la suma de $51,762.65, perteneciente a César Mauricio Castro Sosa, pase al Estado. Según la Fiscalía General de la República, este dinero fue confiscado por ser producto de actividades delictivas, vinculadas a su presunto rol como administrador de la Mara Salvatrucha (MS) en Armenia, departamento de Sonsonate.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que tanto Castro Sosa como su madre, Rosa Aminta de Ramírez, fueran despojados de un total de $63,576 y de una propiedad valuada en $60,000. Sin embargo, el juez no accedió a esta petición en su totalidad, permitiendo que el inmueble y el resto del dinero en posesión de Rosa Aminta quedaran fuera del proceso de extinción de dominio.

La Fiscalía logró demostrar que Castro Sosa, colaborador de la clica Armenias Locos Salvatruchos, no pudo justificar un incremento significativo en su patrimonio. Castro Sosa fue arrestado el 24 de abril de 2022 y se le identificó como el encargado de administrar el dinero obtenido por la pandilla a través de extorsiones y otros delitos.

El dinero fue confiscado en tres procedimientos, siendo la primera cantidad de $51,762, una segunda de $7,762, y una última de $3,052, incautados en una propiedad ubicada en la colonia San Damián de Armenia. La casa, valuada en $60,000, también estuvo bajo el escrutinio de las autoridades, aunque no fue confiscada.

En casos de extinción de dominio, la ley establece que la carga de la prueba recae sobre el propietario de los bienes, quien debe demostrar la procedencia lícita de los mismos. Al no poder justificar el origen de los fondos, Castro Sosa fue despojado de más de $51,000.

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CEL

El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador ha emitido una nueva orden de detención para los acusados en el caso de la empresa Trópico Travel S.A. de C.V., vinculada a estafas relacionadas con la venta de paquetes turísticos falsos. Este séptimo expediente incluye la denuncia de 52 víctimas, quienes afirman haber sido defraudadas por un total de $71,048.

Los procesados son David Antonio Rugamas Leiva, Juan Carlos Henríquez López, y los ciudadanos colombianos Liseth Cristina Posada Cuadros, Natalia Paniagua Jaramillo, Jonathan David Torres Builes y Gregory Andrés García Echeverry. Según la Fiscalía General de la República, los estafadores ofrecían boletos aéreos y paquetes turísticos inexistentes a las víctimas, actuando con dolo y premeditación.

Los afectados relataron que fueron abordados en diferentes centros comerciales del país, donde se les ofrecieron atractivos paquetes de viaje que incluían cruceros, membresías en hoteles y boletos aéreos a precios reducidos.

Hasta la fecha, la red de estafadores ha acumulado más de 500 denuncias, y la Fiscalía ha judicializado siete expedientes en diversos tribunales de paz, con un total de 213 víctimas afectadas y un monto defraudado que asciende a $307,022.82.

José Tomás Hernández García, un traficante de cocaína, fue condenado a 10 años de prisión por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Durante la vista pública, se presentó evidencia de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo capturaron el 30 de junio de 2014 en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la prolongación de la Alameda Juan Pablo II y la 75 Avenida Norte de San Salvador.

Hernández García se encontraba dentro de un vehículo gris, marca Mitsubishi, cuando fue interceptado por agentes antinarcóticos, quienes actuaron tras recibir una denuncia de un informante. En el momento de la intervención, se le encontraron 51.1 gramos de cocaína, valorados en $1,365.10. La prueba de campo realizada por un experto antinarcóticos confirmó que se trataba de cocaína.

Con la evidencia de la droga y la captura en flagrancia, el tribunal determinó que Hernández García era culpable del delito de tráfico ilícito, sentenciándolo a una década en prisión.