En un hecho sin precedentes en más de una década, Estados Unidos ejecutó a un condenado por un pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur. Brad Sigmon, de 67 años, recibió la pena de muerte el viernes por asesinar a los padres de su expareja en 2002.

Sigmon golpeó brutalmente a David y Gladys Larke con un bate de béisbol antes de intentar secuestrar a su exnovia. Fue sentenciado a muerte ese mismo año, pero su ejecución se retrasó hasta ahora.

La ejecución tuvo lugar poco después de las 6:00 p.m., cuando tres tiradores voluntarios del Departamento Correccional de Carolina del Sur dispararon a través de una rendija a unos cinco metros de distancia. Según testigos, Sigmon llevaba un overol negro y tenía una diana roja sobre el corazón.

En su mensaje final, leído por su abogado, Sigmon pidió a los cristianos que lucharan contra la pena de muerte. «La muerte de Brad fue horrible y violenta», denunció su defensor, calificando el procedimiento como un «espectáculo sangriento».

Esta es la primera ejecución por fusilamiento en EE.UU. desde 2010 y ha reavivado el debate sobre la pena capital en el país.

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El recorte del 92 % en la ayuda humanitaria de Estados Unidos ha obligado a numerosas organizaciones a suspender programas esenciales para mujeres, niñas y minorías de género en países en crisis, lo que pone en peligro sus vidas y derechos fundamentales, alertan distintas ONG.

«Es brutal, es una tragedia humana» que provocará «decenas de miles de muertes», advierte Jean-François Corty, presidente de Médicos del Mundo.

La drástica reducción de fondos afecta directamente a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cuyo presupuesto anual ascendía a $42,800 millones, equivalente al 42 % de la ayuda humanitaria mundial.

Consecuencias devastadoras

Organizaciones humanitarias han señalado que el recorte ha provocado el cierre de clínicas que brindaban atención prenatal y posnatal, la suspensión de programas de planificación familiar y acceso a abortos seguros, así como el cese de la distribución de alimentos para mujeres embarazadas y lactantes. También se han visto afectados los cuidados y el apoyo psicológico a víctimas de violación.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que debía recibir $377 millones para atención materno-infantil, protección contra la violencia y tratamiento para víctimas de agresiones sexuales en más de 25 países, advirtió que la falta de financiamiento pone en riesgo miles de vidas.

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Además, Solidarités International se ha visto obligada a detener un programa en Afganistán que beneficiaba a 10,000 mujeres en la región de Bamiyán, quienes dependían de actividades agrícolas para su independencia económica.

Impacto en la salud sexual y reproductiva

Según la Fundación Guttmacher, la suspensión de la ayuda humanitaria privará a 11.7 millones de mujeres y niñasdel acceso a anticonceptivos en 2025. Como resultado, se estima que 4.2 millones de mujeres sufrirán embarazos no deseados, y 8,340 morirán por complicaciones durante la gestación y el parto.

ONG y organismos internacionales continúan expresando su preocupación por las consecuencias de este recorte, que podría agravar la crisis humanitaria en los países más vulnerables.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este jueves una orden ejecutiva que instruye a la recién nombrada secretaria de Educación, Linda McMahon, a iniciar el proceso de desmantelamiento de su propio departamento, según reportes de la prensa local.

De acuerdo con The Wall Street Journal, el borrador de la orden señala que McMahon deberá «tomar todos los pasos necesarios para el cierre del Departamento de Educación» dentro de los límites permitidos por la ley.

El cierre de la institución, creada en 1979 durante la presidencia de Jimmy Carter, requiere la aprobación de al menos 60 senadores, lo que dificulta su eliminación total. No obstante, la administración Trump podría reducir drásticamente sus programas y personal, afectando su operatividad.

McMahon, exdirectora de la WWE y ahora secretaria de Educación, ha defendido en el Senado que la «excesiva concentración de poder» en Washington perjudica el sistema educativo y ha propuesto redirigir fondos hacia la educación privada en lugar de mantener el gasto federal.

Según The Washington Post, McMahon y otros funcionarios han sugerido redistribuir algunas funciones del departamento a otras agencias gubernamentales, aunque esto podría generar desafíos legales.

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